El régimen de Nicolás Maduro aceptó que el miércoles de esta semana interceptó un barco de bandera colombiana con tres ciudadanos de nuestro país, durante la operación Escudo Bolivariano. La Cancillería y la Armada Nacional ya habían presentado la denuncia de este caso que se presentó en inmediaciones entre San Felipe y Puerto Colombia (Guainía) y que es uno más de los incidentes recientes en la frontera de ambos países.
Según la oficina de relaciones exteriores del régimen, el barco fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana, pero niegan que se tratase de una detención arbitraria, tal como lo indicó el gobierno colombiano. La versión de Miraflores señala que esta embarcación fue inspeccionada y encontraron que no contaba con documentación para transportar carga.
El navío llamado Cejal I, dice la Cancillería del vecino país, habría sido interceptado en territorio venezolano, en el sector Caño Guzmán, y su detención se dio durante operaciones “para detectar y combatir incursiones paramilitares y mercenarios de Colombia, así como el contrabando de combustible y material estratégico”, aseguraron en un comunicado.
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Las versiones de ambos gobiernos sobre el contexto en el que se presentó la detención se cruzan. Lo que dice la Cancillería de Colombia es que el barco transportaba ayudas humanitarias otorgadas por el Consejo Noruego para Refugiados que tenían como destino a las comunidades indígenas que habitan en esta zona de la frontera de 2.219 kilómetros.
Sin embargo, la oficina de relaciones exteriores venezolana asegura que este cargaba “47 bolsas de comida, 45 kilos de material metálico, presumiblemente cobre y 38 tambores para transportar combustible, que ocupaban el 80 % de la embarcación”. La supuesta carga despertó suspicacias en las autoridades del vecino país, por lo que la tripulación fue llevada al municipio de Maroa, en el estado Amazonas, para investigar el caso.
En un comunicado la Cancillería colombiana exigió respeto a la integridad personal y la inmediata liberación y retorno de los tres ciudadanos colombianos detenidos y rechazó “este hecho violatorio del derecho a la libre navegación de los ríos comunes, que interrumpió una labor humanitaria en tiempos de pandemia”.
Por su parte, Venezuela respondió que el Consejo Noruego de Refugiados (organismo que enviaba la ayuda humanitaria), junto con la Cruz Roja, estarían “poniendo en peligro el posible estatus humanitario de la carga”. Así las cosas, el buque y sus tripulantes serán presentados a tribunales venezolanos.
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Y esta no es la primera vez en este año que un barco extranjero es interceptado por Venezuela. Sucedió a comienzos de mayo con la fallida incursión de mercenarios en las playas de Macuto, en la que detuvieron a ciudadanos estadounidenses, en otro caso en el que las versiones de ambos países respecto a lo ocurrido son contrarias.
Justamente, en el marco de la pandemia, el régimen está desplegando mayor vigilancia en las zonas de frontera porque, según lo ha dicho el fiscal chavista Tarek William Saab, señalan a los migrantes retornados de estar llevando el coronavirus al país.
El jueves de esta semana hubo otro incidente después de que el buque de guerra USS Pinckney (DDG-91) de Estados Unidos navegó a 16,1 millas náuticas de su costa venezolana, en el Caribe.
