Han pasado 10 días desde que comunidades indígenas de Ecuador, congregadas en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), empezaron a liderar las manifestaciones contra el gobierno de Guillermo Lasso.
“El pueblo se levanta luego de agotar las instancias de diálogo con el gobierno del 11 de junio, 4 de octubre y 10 de noviembre del año 2021, siendo este el contexto político que mostró la falacia del Gobierno del Encuentro, su incapacidad y falta de voluntad para responder a las demandas sociales”, señaló Conaie el 9 de junio, anunciando oficialmente la “activación” de la movilización social en el país para el 13 de junio.
Ha sido tal la expansión de las protestas, que ha convocado también a otros sectores productivos y sociales de Ecuador con el fin de reclamar el cumplimiento de un pliego de peticiones de 10 puntos en los que, a grandes rasgos, piden congelar los precios de los combustibles, regular los costos de los productos del campo y de los grandes supermercados, y condonar las deudas de los pequeños y medianos productores campesinos.
Además, le piden al Gobierno mayores garantías en cuanto a los derechos laborales, a la educación, a la salud; políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia que vive Ecuador y respeto a los derechos particulares de los pueblos indígenas.
Toda esta agitación social ha llevado a Lasso, en su búsqueda por contener la movilización, a declarar estado de excepción en las provincias Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza. Esto tiene inconformes a los indígenas, que le han exigido al Gobierno que se derogue la medida y que cese la represión en las manifestaciones sociales para propiciar un espacio de diálogo.
¿Tumbar a Lasso?
El mismo presidente de Ecuador ha propagado la idea de que los manifestantes lo quieren “botar” del gobierno y que la “gran batalla” ahora es por la democracia o por el caos, representando él, según sus palabras, el lado de la democracia.
“Yo estoy aquí, yo no voy a escapar, pero yo estoy aquí para proteger a cada una de sus familias, sobre todo a los más pobres”, fue el mensaje que difundió el martes en su cuenta de Twitter, cuando se cumplía el noveno día de protestas en Ecuador, a la par que Conaie lo señalaba de militalizar las ciudades e imponer “el terror de la represión”.
En enero de este año, Lasso ya había hecho la misma advertencia, refiriéndose puntualmente al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, de quien afirmó que sus llamados a las movilizaciones buscaban “tumbar el gobierno y la democracia”.
Sin embargo, en caso de que así lo deseara el líder indígena, el proceso no es tan sencillo, puesto que no habrían suficientes votos de la extrema oposición –el correísmo– en la Asamblea Nacional.
“Para dar curso a un proceso de destitución del presidente de la República, según el artículo 130 de la Constitución, por grave crisis política y conmoción interna, se necesita del respaldo político de 92 asambleístas, que al momento en el legislativo no existen”, se destaca en un análisis del diario El Universo, puesto que “ese propósito solo habría 47 voluntades provenientes del correísmo”.
Hechos violentos
Las protestas en Ecuador tuvieron el martes su segunda víctima mortal, un hecho que el movimiento indígena atribuyó a la represión policial, mientras que la Policía negó tener responsabilidad.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) denunció la muerte de Byron Guatatuca durante las manifestaciones en un sector cercano a la ciudad amazónica de Puyo, la capital de la provincia de Pastaza, debido, según la Confeniae, a “un disparo a quemarropa”.
Por su parte, la Policía afirmó que el fallecimiento se debió a la manipulación de un explosivo. “Se presume que la persona falleció por la manipulación de un artefacto explosivo”, dijo la institución en un comunicado al precisar que “no utiliza explosivos para el control del orden público”.
La muerte de este manifestante en Pastaza se suma a la de otro en la zona de Collas, cerca de Quito, donde un joven falleció al caer por una ladera cuando un grupo de agentes trataba de contener el ingreso de manifestantes a la capital del país, según las versiones de organizaciones de derechos humanos.
La Conaie ha denunciado un abuso de la represión contra las protestas por parte de la Policía y los militares, incluida la retención de su líder Leonidas Iza el 14 de junio, por su supuesta responsabilidad en los hechos violentos desatados en el primer día de las protestas.
Iza fue liberado al día siguiente, pero los indígenas llamaron a radicalizar las manifestaciones tras su detención.
En los 9 días que van de protestas, la Fiscalía y la Policía de Ecuador informaron que se ha detenido a cerca de 30 sospechosos por actos violentos, que “estarían involucrados en agresiones a 61 policías, 14 secuestros de agentes y la destrucción de 23 vehículos y motos”, según el diario El Comercio.
Además, este miércoles el ministro de Interior, Patricio Carrillo, denunció que tres policías fueron retenidos por manifestantes en la ciudad amazónica de Puyo, mientras desconocen el paradero de otros 18 en el marco de las protestas. Por su parte, la Fiscalía General del Ecuador denunció el martes que algunos manifestantes atacaron sus instalaciones que habría afectado “información sensible de los casos que lleva adelante”.
De acuerdo con información de organizaciones sociales ecuatorianas, hasta ahora van más de 70 manifestantes heridos, de ellos 18 graves, así como 86 detenidos. La Policía por su parte ha reportado que 61 policías han tenido algún tipo de lesión.
El pliego de peticiones
1. Congelar los precios de los combustibles (Diesel a USD 1,50 y la gasolina Extra y Ecopaís a USD 2,10), así como la focalización de subsidios de estos y un precio diferenciado.
2. Moratoria de las deudas de la banca pública, privada y cooperativa. Condonación de las deudas de pequeños y medianos productores del campo.
3. Precios justos en los productos del campo en las tres regiones del país, subsidio agrícola y no firmas de TLC que destruyen la producción nacional
4. Empleo, derechos laborales, libertad de sindicalización y organización de la clase trabajadora.
5. No a la ampliación de la frontera extractiva minera / petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles.
6. Respeto a los 21 derechos colectivos: Educación Intercultural Bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
7. Alto a la privatización del patrimonio nacional y no al sometimiento de los tribunales internacionales como el CIADI.
8. Políticas de control de precios en la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad.
9. Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades. Fortalecimiento de la salud y educación, incluyendo la asignación de presupuesto urgente frente al desabastecimiento de hospitales.
10. Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene en zozobra al Ecuador.
