Por Juliana gil gutiérrez
Cuando la Policía de Perú llegó a la casa del expresidente Alan García –quien estaba señalado por las autoridades por, supuestamente, recibir coimas de Odebrecht– para detenerlo de manera preventiva por diez días, García atentó contra su vida.
Su captura se dio días antes de que el equipo de fiscales especiales que lo investigan por corrupción viajaran a Brasil para entrevistar a un exejecutivo de Odebrecht, quien revelaría los vínculos de la compañía con políticos peruanos.
Se trata de los fiscales, José Domingo Pérez, Germán Juárez, Geovanna Mori y Carlos Puma, quienes están al mando de Rafael Vela.
La muerte de García
El reloj marcaba poco más de las 6:00 de la mañana y en su domicilio en Lima se sintió el primer vaho de conmoción que invadió ayer a Perú. Las autoridades arribaron con dos órdenes, una de detención y otra de allanamiento, pero no lograron llevarlo preso.
Él, a punto de ser conducido a una cárcel, pidió llamar a su abogado y se encerró en su habitación. El sonido de un disparo interrumpió el proceso judicial y García fue trasladado al Hospital Casimiro Ulloa. Entonces, las noticias de la alerta por su detención se mezclaron con las preguntas sobre su estado de salud.
Fue ingresado de urgencia para ser operado, pero en medio de la cirugía tuvo tres paros cardiorespiratorios, según reportó la ministra de Salud Zulema Tomás, y hacia las 10:00 de la mañana se confirmó su deceso.
García estaba en la mira de los fiscales que llevan el Lava Jato –que investiga los presuntos nexos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht– desde noviembre del año pasado, cuando fue señalado por los delitos de colusión, lavado de activos y tráfico de influencias.
La hipótesis de los fiscales indicaba que el fallecido expresidente habría recibido dinero de esta compañía para su campaña a la Presidencia de 2006 y habría participado en el contrato de dicha empresa para la línea 1 del Metro de Lima.
Asilo, salvavidas de García
En noviembre le dictaron un impedimento de salida del país por 18 meses, medida de la que García intentó evadir al pedir asilo en la Embajada de Uruguay en Perú, en noviembre. Sin embargo, en los primeros días de diciembre el mandatario Tabaré Vázquez le cerró la puerta de su sede diplomática.
Uruguay argumentó la autonomía de poderes de Perú, señaló que su caso “no constituía persecución” y que su nación no podía recibirlo por el proceso que en ese momento se llevaba en su contra, entre otros aspectos. Esa no era la primera vez que García había pedido asilo.
Tras su primer periodo presidencial (1985-1990), y durante el mandato de Alberto Fujimori, el líder del Partido Aprista, estuvo asilado en la Embajada de Colombia en ese país en 1992 y desde Lima partió en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana rumbo a Bogotá. Allí se hizo amigo de Iván Duque Escobar, exgobernador de Antioquia y padre del presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, con quien compartía tertulias en las que se entretejieron lazos que permanecieron hasta la muerte de Duque (padre) en julio de 2016.
Alberto Velásquez Martínez, amigo de Duque Escobar y columnista de EL COLOMBIANO, recuerda que en uno de los días que acompañó a Duque en la Clínica del Rosario de Medellín, Alan García llegó hasta ese centro médico a saludar a su viejo compañero de conversaciones.
“A García, cuando estaba asilado en Colombia, lo iban a asesinar en Bogotá. Entonces, a Iván Duque, padre, le informaron de los planes para atentar contra él y se lo llevó para el aeropuerto. Ahí se acrecentó esa amistad porque García consideraba que él le salvo la vida”, cuenta.
Ocaso ante la justicia
Durante su primer mandato, ocurrieron la Masacre de Accomarca (14 de agosto de 1985), la matanza en los penales (entre el 18 y el 19 de junio de 1986) y una serie de asesinatos el 14 de mayo de 1988 en las comunidades de Cayara, Erusco y Mayopampa, que fueron reseñados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación como violaciones de los Derechos Humanos.
Además, cuando dejó el poder en 1990, Perú registró una inflación anual de más de 7.600 %, según reseñó AFP.
Sin embargo, su carrera política superó los cuestionamientos de la década de los 80 y regresó al poder en el periodo de 2006 a 2011. En ese lapso habría cometido los delitos de los que fue señalado, según la investigación de los fiscales.
Jorge Barata, ejecutivo de Odebrecht en Perú, declaró en marzo del 2018 que la compañía aportó US$200.000 a su campaña, dinero que habría recibido su exministro Luis Alva Castro. En 2009 el fallecido exmandatario habría viajado con Barata a Cusco y días después se habría adjudicado la Línea 1 del Metro de Lima.
Según el diario El Comercio, el exmandatario es también señalado por los US$100.000 que recibió por parte de Odebrecht por dictar una conferencia en São Paulo, Brasil, en mayo del 2012.
Por este antecedente, el testimonio de Barata podría significar haber dejado en firme su condena. Rafael Vela, jefe del equipo especial del Lava Jato en Perú, viajaría esta semana a Brasilia para entrevistar al exdirector ejecutivo de esa compañía sobre los nexos entre la constructora y los políticos de ese país.
Odebrecht en Perú
Si se hace una lista de los políticos más importantes de Perú de este siglo, todos los expresidentes y diversos alcaldes, senadores o excanditatos a algún cargo público fueron o están siendo investigados por corrupción. Una investigación de El Comercio señala que hay 38 pesquisas abiertas y más de 250 señalados.
Alejandro Toledo (2001- 2006), García (2006- 2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) –todos exmandatarios– hacen parte de esta, además de la excandidata presidencial Keiko Fujimori (ver recuadro).
Por ejemplo, en el caso de Kuczynski, quien renunció al Palacio de Gobierno en marzo de 2018, fue acusado de lavado de activos. Incluso para ayer se tenía programada una audiencia en la que se definiría si recibiría la medida de prisión preventiva de 36 meses, pero en la noche del martes fue ingresado de urgencias por una falla cardíaca.
Su abogado César Nakazaki, aseguró ayer a los medios que será sometido a un cateterismo y está en cuidados intensivos, lo que aplazó su comparecencia.
Rafael Piñeros, profesor de relaciones internacionales de la U. Externado, explica que en ese país ha habido un interés por parte de las autoridades de llegar hasta el fondo del entramado de corrupción. “Empezaron de arriba hacia abajo para indagar la responsabilidad de quienes tomaron las decisiones políticas más importantes”, destaca Piñeros.
Fernando Tuesta, profesor de Ciencia Política de la Pontificia U. Católica del Perú, asegura que “el Poder Judicial (Corte Suprema) apareció como un actor decisivo de la vida nacional porque se han suscitado hechos que antes eran impensados. Con las prisiones preventivas a diferentes líderes, han colocado la discusión en un nivel casi impensado”.
Por su parte, la politóloga María Fernanda Castro asegura que con el escándalo “se evidenció un tema de corrupción que era anunciado por cantos de sirena”.
La marca
Tras la partida de García, Perú tiene un nuevo hito en su historia: la muerte de un exmandatario cuando estaba a punto de ser juzgado. Ángel Tuirán, profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la U. del Norte, afirma que su deceso “generará una conmoción política, teniendo en cuenta la gravedad de lo sucedido y las investigaciones que siguen por el caso contra otros expresidentes”.
Él alegó su inocencia y una persecución en su contra desde que inició el proceso y se mostró confiado respecto a las investigaciones que lo señalaban. En la noche del martes, un día antes de fallecer, dio una entrevista a Radio Programas del Perú. Cuando el periodista le preguntó si le preocupaba que la justicia tomara una medida mayor en su caso, respondió con risas: “Creo en la vida después de la muerte, en tener un pequeño sitio en la historia del Perú”.
Su nombre quedó en los folios y tras su partida las pesquisas de los fiscales especiales continúan. Con los líderes políticos más destacados en procesos judiciales, la pregunta es, ¿seguirá la corrupción?
