Un nuevo bloque de restricciones financieras de parte de Estados Unidos produjo una airada respuesta del gobierno de Venezuela, que calificó el hecho como “una violación a las libertades económicas y una grave ofensa al pueblo venezolano”.
Se trata de una ley aprobada el viernes pasado por el Congreso de EE.UU., denominada Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, o “Ley Bolívar”, por sus iniciales en inglés (Banning Operations and Leases with the Illegitimate Venezuelan Authoritarian Regime Act).
La norma, que fue presentada al Capitolio para el inicio de los debates en 2021 por el senador republicano Michael Waltz prohibe a las agencias gubernamentales y empresas de ese país sostener contratos para la compra de bienes o prestación de servicios con cualquier persona que esté relacionada con el régimen de Nicolás Maduro.
La Ley Bolívar se suma a una serie de sanciones financieras impuestas por los departamentos del Tesoro y de Estado contra las corporaciones y negocios de Venezuela, desde que su mandatario era el presidente Hugo Chávez.
El nombre de la norma ofendió a los venezolanos. El canciller Carlos Faria trinó que “el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela condena enérgicamente un nuevo intento por parte del Congreso estadounidense de vulnerar los derechos económicos del pueblo venezolano y ofender la memoria del Libertador, Simón Bolívar”.
En un comunicado, la Cancillería atribuyó la prohibición a “los sectores extremistas de la política de EE.UU. (...) que reinciden en su intento de derrocar al Gobierno venezolano y de dinamitar cualquier ruta posible al diálogo y a las relaciones constructivas entre ambos países”.
