Cuando el gerente de Fronteras de la Presidencia de la República, Lucas Gómez, estuvo en un albergue en la zona limítrofe con Venezuela, encontró que la mayoría de los migrantes que se hospedaban en el lugar a la espera de continuar su camino rumbo al interior de Colombia habían dejado su natal país por hambre.
Esa sensación de no tener asegurado un plato de comida sobre la mesa se volvió recurrente en el país vecino que pasa por una emergencia humanitaria compleja que ha impulsado a 5,4 millones de personas a dejar su hogar para buscar suerte en otras naciones. Una vulnerabilidad que aumenta conforme se agrava la crisis de ese país.
La tarea de Gómez es determinante: coordinar la respuesta nacional a la llegada de esos desplazados internacionales, buscar financiación para atender este fenómeno de movilidad humana y preparar la institucionalidad para el arribo de miles de personas en los próximos meses, una migración que no para, aunque el paso fronterizo oficial esté cerrado desde marzo.
EL COLOMBIANO habló con Lucas Gómez en su visita a Medellín sobre la integración de esta población, los vínculos de la migración con la percepción de inseguridad, la salud y la reapertura de fronteras.
La frontera está cerrada, pero la migración sigue. ¿Cómo han monitoreado los ingresos que se han dado desde marzo?
“Los cruces oficiales están cerrados, pero son fronteras vivas y porosas. Quienes retornaron por la pandemia encontraron que las condiciones del otro lado estaban peor que antes y cuando comenzó la reactivación empezaron a regresar a Colombia. En Norte de Santander pasan entre 350 y 500 personas a diario con vocación de ir al interior del país; en Arauca, entre 200 y 400. En los próximos meses tendremos un flujo de cerca de 250 mil venezolanos que regresarán, llevándonos al máximo histórico de migración en Colombia de alrededor de 2 millones de ciudadanos de ese país”.
¿Cómo se preparan?
“Vamos a reactivar la ruta del caminante. Con la pandemia desaparecieron muchos albergues y hubo alcaldes que aprovecharon la oportunidad para cerrarlos, lavarse las manos y entrar en la lógica de que los migrantes pasen por sus municipios, pero no se queden en ellos. También está sobre la mesa el transporte humanitario para que no tengan que atravesar el país caminando. Estamos coordinando con las ciudades de acogida –como Barranquilla y Medellín– porque ante ese reflujo migratorio debemos ver cómo recibir a esa población”.
¿Se están preparando para cuándo? Cada mes se espera la apertura y no llega...
“La discusión se da en términos epidemiológicos más que de reactivación. Los indicadores de covid en Norte de Santander son malos y nada nos dice que el 16 de enero –hasta cuando está contemplado el cierre– tengamos condiciones favorables de salud. Una vez pase la época de Navidad veremos un flujo grande con frontera abierta o cerrada. Abrirla podría facilitar esa entrada”.
La migración irregular creció y para la integración que busca el Gobierno hay que regular. ¿Cómo resolverán ese problema?
“Debemos pensar en una política de regularización moderna que se adapte al tipo de población que tenemos instalada con vocación de permanencia y la que llegará. Queremos darle incentivos al migrante para que se regularice, uno buena noticia en este ámbito es el PEP educativo que permitirá a niños y niñas no estar en un limbo cuando se gradúen. Somos afortunados de tener un presidente con una mirada progresista de este tema y debemos aprovecharlo para crear una proyección a largo plazo”.
¿De Estado, no solo del Gobierno Duque?
“Esto es una política de Estado. No estoy seguro de que en 2022 la migración sea un consenso de todos los partidos políticos. Estamos en un momento de quiebre frente a Venezuela y su población. Al tiempo, el mundo nos está mirando y por eso tenemos que concretar muy bien esas políticas para que sea difícil que el que llegue le cambie la lógica”.
¿Cómo harán para conseguirlo?
“Primero, en el Congreso avanza una política migratoria que será ley de la República. Segundo, tener una respuesta clara sobre el procedimiento de regularización y la posición frente a futuros migrantes. Tercero, formar un andamiaje de políticas públicas coordinadas con una institucionalidad fuerte que tenga la visión de qué hacer con esa población”.
El PEP (Permiso Especial de Permanencia) tiene sus límites. ¿Con qué lo reemplazarán?
“Los tiene y muchas veces son mentales. Por ejemplo, el PEP sí es válido para la bancarización, pero muchas veces no conocen cómo funciona. Migración Colombia está haciendo un gran esfuerzo en temas de registro, identificación y control con un tema biométrico que permitiría tener identificada la población que tenemos acá. Ese es el primer paso para llegar a una caracterización que permita hacer una proyección en políticas públicas y desarrollo económico con los migrantes”.
De Venezuela desconocemos las cifras covid, cómo está el sarampión y otros aspectos de salud. ¿Cómo atienden a los migrantes en ese ámbito?
“Del otro lado la salud colapsó. Por eso el sistema de frontera y la red de hospitales públicos tienen una carga grande, la deuda crece por el tipo de población irregular que se atiende por urgencias y hay enfermedades crónicas que ejercen presión sobre el sistema porque llegan tarde a atención médica. Un ejemplo es que 8 de cada 10 bebés que nacen en el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta son de madres venezolanas que presentan partos muy complicados porque no tuvieron control prenatal. La respuesta es generar confianza en los migrantes para que se acerquen al sistema de salud”.
¿Qué hacer con el fenómeno de la estigmatización al migrante por la inseguridad en el país?
“Cuando ves el número de capturas alrededor del 4 % son de población extranjera. Si se revisa esto respecto al porcentaje de población venezolana que tenemos, es el 1 % de los migrantes. La criminalidad no tiene pasaporte. Acá vamos a atacar de la misma manera al colombiano y al extranjero ladrón, aplicando la judicialización. No podemos hablar a la ligera de deportación y expulsión como lo hacen algunos mandatarios locales porque esos comentarios generan miedo en los migrantes buenos. Acá no estamos deportando por estar en condición irregular”.
¿Entonces de dónde saca Claudia López sus cifras de delincuencia y migración?
“No lo sé. Lo he hablado con la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía y ellos tampoco saben de dónde vienen esas cifras. Son comentarios populares, que tienen mucho eco, cuando algo diferente está en tu entorno es más fácil echarle la culpa a eso. La percepción de inseguridad relacionada con la población venezolana es alta, pero cuando uno mira las cifras son muy bajas, no solo de capturas, sino también de hechos reales”.
¿Y para cuándo el café con Claudia López para que se resuelva ese problema?
“Sigo haciendo mis cafés por la integración, hay muchos mandatarios con sensibilidad frente al tema que tienen relatos por compartir. Es momento de contar las historias positivas de la migración. Acá hay un montón de inversionistas venezolanos que trajeron su capital y están generando trabajo. También médicos que homologaron sus títulos y están salvando vidas. Esos son muchos más que los que están robando en Transmilenio”.
Se está haciendo recurrente que esta población sea víctima de trata de personas...
“Con la reactivación de la ruta del caminante, con asistencia humanitaria y con espacios seguros evitamos que sean presa fácil de estructuras criminales. El migrante per se no es una víctima, pero la migración forzada que viven los venezolanos sí los convierte en esto. Es la segunda nacionalidad más víctima de trata de personas en el mundo y esos hechos están ocurriendo. Hay que protegerlos”
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