El experimento social que había enorgullecido a la mayoría de habitantes del estado de Oregon, en el noroccidente de Estados Unidos, terminó estrellado contra una dura realidad: descriminalizar el consumo de drogas no redujo el problema del tráfico ni las muertes asociadas a la drogadicción.
Tal cual recordó el diario estadounidense The Economist en una dura radiografía publicada la semana pasada: “en 2020 los habitantes de Oregón votaron a favor de despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras, como fentanilo, metanfetamina y heroína. Fue el primer y hasta ahora único estado del país en hacerlo”.
Detrás de dicho experimento estaba la tesis progresista del partido Demócrata, muy fuerte en Oregon, de que el consumo de drogas debía tratarse como un problema de salud pública, en vez de un asunto de justicia punitiva.
La norma implementada proponía que las personas capturadas en posesión de estas sustancias altamente adictivas, podían elegir, en vez de pasar 180 días en la cárcel, ir directamente a un centro de desintoxicación. Esta oportunidad la tenían, incluso, los adictos reincidentes.
¿Pero qué pasó? Luego de más de tres años de este modelo, “las muertes por sobredosis se han disparado en Oregón, aumentando un 42% (con corte a septiembre de 2023), en comparación con un aumento nacional del 2%”, recalcó The Economist.
En su reporte, el diario señaló que “los habitantes de Oregón están frustrados”, que “el consumo de drogas al aire libre se ha vuelto particularmente flagrante” y que hay residentes que atribuyen a esta situación el aumento de los robos y la sensación de inseguridad.
Frente a ese panorama, los legisladores del Estado, de mayoría demócrata, aprobaron una iniciativa para volver a penalizar el porte de estas “drogas duras”. La gobernadora Tina Kotek, atendiendo el clamor popular, señaló que firmará esa ley.
El senador estatal Floyd Prozanski, uno de los que había impulsado la descriminalización al principio, reconoció que ahora será mucho más difícil implementar un sistema de ese tipo, no solo en Oregon, sino en otros lugares de Estados Unidos. A su juicio, la falla estuvo en que el proyecto no estuvo bien implementado.
Por su parte, Andy Mendenhall, director de Central City Concern, un proveedor de servicios para adicciones en Portland, declaró durante el debate que “es hora de restablecer nuestras barreras de seguridad”.
Y la fiscal de distrito del condado de Marion, Paige Clarkson, citada por el diario, argumentó que “la policía, los ayudantes del sheriff, los fiscales de distrito, no queremos criminalizar la adicción. Queremos utilizar las leyes penales para motivar a esas personas a recuperar la salud”.
TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: ¿El mercado de cocaína en EE. UU. sí se desplomó, como dice Gustavo Petro?
