El Legislativo dio luz verde a un informe que lo señala de ser la cabeza de una organización criminal gestada en su mandato que pedía dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras.
El Congreso de Perú aprobó este viernes el informe final de una denuncia constitucional que recomienda a la Fiscalía acusar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por presuntamente encabezar una organización criminal durante su Gobierno para obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
Con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, el hemiciclo dio luz verde al informe final de la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación contra el exmandatario, quien cumple 18 meses de prisión preventiva tras su intento fallido de golpe de Estado en diciembre pasado.
El documento recomienda acusar a Castillo por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder, y contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.
Por el mismo caso fueron detenidos en agosto pasado Yénifer Paredes, cuñada del expresidente, los hermanos empresarios Hugo y Anggi Espino y el alcalde de Anguía (Cajamarca), José Nenil Medina.
La Fiscalía acusa a este grupo de formar una red de corrupción y lavado de activos dirigida por el expresidente peruano.
Castillo fue arrestado el pasado 7 de diciembre, tras su frustrado intento de disolver el Congreso para tener poder total. Esta crisis democrática se agudizó con las masivas protestas en defensa y rechazo a la caída de Castillo, lo que llevó a que el Gobierno encargado, de Dina Boluarte –exvicepresidenta de Castillo–, a declarar un estado de emergencia.
Desde entonces la tensión se ha apoderado del país, pues justo después de que intentó dar este golpe, el Congreso peruano lo destituyó y, el mismo día, las Fuerzas Armadas lo capturaron. Por estos hechos, la justicia del país vecino ha decretado para él 18 meses de prisión preliminar preventiva.
Después de la destitución de Castillo, la vicepresidenta Boluarte asumió inmediatamente el cargo como nueva jefa de Estado, y solo se necesitaron tres días para que estallaran diversas manifestaciones, protestas y disturbios.
