El Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autorizó este miércoles la extradición del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a Estados Unidos, que lo reclama por supuesto blanqueo de dinero.
Según el veredicto, al que tuvo acceso Efe, el Supremo rechazó el recurso de apelación de la defensa de Saab y confirmó la decisión de una corte inferior de aprobar la entrega del empresario, detenido en el país africano desde el pasado 12 de junio a petición de EEUU.
"Los jueces del Tribunal Supremo acuerdan desestimar el recurso y confirmar, a todos los efectos legales, la decisión impugnada", es decir el fallo favorable a la extradición que dictó el año pasado el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla septentrional de San Vicente, según la sentencia.
El alto tribunal dice "confirmar la autorización judicial para la extradición del solicitante (Saab) a Estados Unidos".
La deliberación del Supremo también consideró que Cabo Verde no está vinculado a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que el pasado lunes falló contra la extradición del presunto testaferro y ordenó su liberación inmediata.
Por tanto, según el alto tribunal caboverdiano, la sentencia de la corte de la CEDEAO no será aceptada por las autoridades judiciales de este país insular de África occidental.
El abogado nigeriano Femi Falana, que dirigió la defensa de Saab ante el Tribunal de la CEDEAO, con sede en Abuya (Nigeria), dijo el pasado lunes que el fallo de esa corte, que exigió la libertad inmediata del detenido, "no puede ser ignorado" por Cabo Verde.
Landim señaló a finales del año pasado que su país no tiene ninguna obligación de cumplir las órdenes del tribunal africano, pues no ha ratificado el protocolo que otorga jurisdicción a ese organismo en casos de derechos humanos.
El tribunal tiene jurisdicción para escuchar quejas individuales sobre posibles violaciones de derechos humanos desde la aprobación de su Protocolo de 2005.
El Tribunal de la CEDEAO ya se pronunció a finales de 2020 a favor del arresto domiciliario del presunto testaferro, que éste solicitó alegando problemas de salud en prisión y que las autoridades caboverdianas -pese a remarcar que esa corte carece de jurisdicción en este caso- acabaron cumpliendo a regañadientes.
Una detención de 9 meses
El empresario, de 49 años, fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, tras una petición de EEUU a través de Interpol.
Caracas señaló entonces que él es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno que estaba "en tránsito" en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que "tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela".
El nombre de Saab surgió en prensa cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser un testaferro de Maduro.
El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, cuyas ayudas se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se habrían lucrado con "cientos de millones de dólares".
Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
