El dirigente ha participado como candidato único a la presidencia, a pesar de la prohibición constitucional a una reelección inmediata. Se inscribió a última hora, cuando cientos de salvadoreños se congregaron en torno a la sede del partido en la capital para mostrar su apoyo al presidente.
Tras el resultado de su formación, Bukele ha indicado que “hoy ha hablado el partido más grande en la historia” de El Salvador. “El 4 de febrero de 2024 el pueblo salvadoreño tendrá la última palabra. La democracia se escribe de abajo hacia arriba”, ha declarado el mandatario.
Bukele ha impulsado en los últimos meses una contundente “guerra contra las pandillas” en virtud de la que ha encarcelado a más de 60.000 presuntos pandilleros y ha tratado de erradicar cualquier rastro que hayan dejado en la sociedad salvadoreña, incluidos mausoleos y tumbas. A pesar de la draconiana medida, las encuestas respaldan rotundamente al mandatario y su estrategia de seguridad, e incluso abogan por recrudecer aún más las medidas.
Es así que las Naciones Unidas, le ha manifestado en repetidas ocasiones a Bukele no solo su preocupación frente a su régimen de excepción, sino que también le ha pedido que no elimine el derecho al juicio justo.
“Reconocemos el complejo reto al que se enfrenta El Salvador para hacer frente a la delincuencia”, declaró Marta Hurtado, portavoz del organismo internacional, en una rueda de prensa en Ginebra, sede del organismo. “Sin embargo, debilitar el Estado de derecho y la integridad del sistema legal derogando el derecho a un juicio justo no es la respuesta”, añadió.
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Vale señalar que en El Salvador se instauró desde el pasado 27 de marzo de 2022 la medida, es decir, ya va a hacer un poco más de un año desde que el régimen de excepción de Bukele se convirtió en la respuesta frente a la ola de violencia en el país centroamericano. Se dice que desde entonces, al menos 68.000 presuntos pandilleros han sido detenidos sin un mandato de arresto, según la ONU.
La cruzada contra las pandillas, que controlaban el 80% del territorio según el gobierno, cuenta con el apoyo de nueve de cada diez salvadoreños, dicen las encuestas.
Pero no solo el organismo ha expresado su desacuerdo, algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la Iglesia Católica, han sido bastante críticas de los métodos utilizados por el jefe de Estado para atender el problema de seguridad, delincuencia común y crimen organizado en El Salvador, lo que ha significado para algunos de sus miembros la cárcel, por sus serias denuncias, ya que cerca de 1.600 menores han sido detenidos sin haber pasado por un debido proceso y sin las suficientes pruebas.
De las 153 muertes de reclusos que se conocen, en casi año y medio de la medida, el gobierno no rinde cuentas.
