Perú cumple 11 días del inicio de una nueva crisis política y social que se desencadenó con el arresto, el pasado 7 de diciembre, del destituido presidente Pedro Castillo tras su frustrado intento de disolver el Congreso para tener poder total. Esta crisis democrática se agudizó con las masivas protestas en defensa y rechazo a la caída de Castillo, que han dejado 23 personas muertas, lo que llevó a que el Gobierno encargado, de Dina Boluarte –exvicepresidenta de Castillo–, dereclara un estado de emergencia.
Desde ese miércoles, Perú no ha tenido un solo día de calma por la división social que dejó el frustrado intento de autogolpe de Estado del expresidente pues justo después de que intentó dar este golpe, el Congreso peruano lo destituyó y, el mismo día, las Fuerzas Armadas lo capturaron. Por estos hechos, la justicia del país vecino ha decretado para él 18 meses de prisión preliminar preventiva.
Después de la destitución de Castillo, la vicepresidenta Boluarte asumió inmediatamente el cargo como nueva jefa de Estado, y solo se necesitaron tres días para que estallaran diversas manifestaciones, protestas y disturbios en la mayor parte del país, en las que, por el momento, 23 personas han fallecido y más de 200 policías han resultado heridos, según las cifras oficiales.
Esta problemática de orden público y social ha generado preocupación en organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el pasado viernes volvió a condenar la violencia en las protestas e hizo un llamamiento al diálogo político.
“En los últimos días de las protestas, la Defensoría del Pueblo ha registrado más de 20 personas fallecidas y 210 heridas a causa de las manifestaciones”, expuso la CIDH en un comunicado de prensa.
Otra voz de peso internacional que se sumó a la preocupación por lo que pasa en Perú fue la del Gobierno de Estados Unidos, que a través del secretario de Estado, Antony Blinken, según la cancillería peruana, expresó su apoyo a Boluarte en la crisis política.
“Dina Boluarte, acompañada de la canciller Ana Cecilia Gervasi, sostuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado, Antony Blinken, quien reiteró el apoyo de Estados Unidos al Perú y su voluntad de seguir fortaleciendo la relación bilateral”, expuso la cancillería del Perú.
Otro gobierno que también ha mostrado un profundo interés es el de Colombia, ya que el presidente Gustavo Petro ha insistido en la defensa del golpista castillo y ha evitado reconocer al nuevo Gobierno de Boluarte. “Yo creo que se impone un diálogo político, no puedo definir si las variables de ese diálogo... Si Colombia es necesario para posibilitar el gran diálogo social y político del Perú, pues estamos dispuestos”, señaló Petro el pasado viernes.
Nuevas elecciones en vilo
En medio de las protestas, el Congreso peruano decidió no aprobar la reforma constitucional que permitiría adelantar las elecciones presidenciales en 2023, una propuesta hecha de Boluarte. Ante la negativa, la mandataria encargada exigió este sábado a los congresistas que “no busquen pretextos” y aprueben su propuesta para adelantar las elecciones que permitan elegir a un nuevo presidente.
“Señores congresistas, exijo se reconsidere la votación de adelanto de elecciones, no vengan con pretextos inoficiosos, pretendiendo quedarse hasta el 2026”, dijo la Presidenta, quien dejó claro que hasta que las elecciones no se adelanten, no renunciará.
Boluarte además se ha pronunciado para denunciar que hay supuesto machismo detrás de las protestas que piden su renuncia del cargo. Por eso, invitó a los habitantes del Perú a que cesen “la violencia contra la mujer” y la dejen “trabajar en paz, en calma” para no liderar “un Gobierno de palabras”, sino de hechos.
Entre tanto, El Consejo de Estado de ese país mostró su respaldo a la Policía y a las Fuerzas Armadas “en el control” de las protestas antigubernamentales. “Se ha respaldado a las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas en el control de la situación, creo que el país debe respaldar y darle un aliento a nuestras fuerzas para restablecer la paz y tranquilidad en el país”, dijo el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Henry Ávila.
Ante la crisis, el viernes pasado comenzó la primera jornada de toque de queda nocturno en 15 provincias de 8 departamentos, una medida decretada por 5 días tras las protestas antigubernamentales.
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