El Gobierno radicó en el Congreso el proyecto de ley de reforma tributaria, reforma que, contrario a las necesidades que en materia de finanzas públicas se tienen y a las indicaciones de los especialistas, no es estructural, ni integral.
Frente a la realidad política del país, pareciera que se haya acogido seguir una línea más pragmática limitando el alcance de la reforma y concentrándose en objetivos más precisos y esenciales para el progreso de la nación, como son la reducción de la equidad y la generación de mayor empleo formal.
La experiencia internacional, especialmente de las naciones europeas, enseña que el sistema tributario puede ser un instrumento muy eficaz en corregir los problemas de equidad. Por su parte, diferentes estudios han constatado que el principal obstáculo para la generación de empleo formal y la reducción de los altos niveles de desempleo del país está en el alto costo de contratación.
Esto hace que el mayor mérito de la reforma propuesta por el Gobierno radique en el énfasis que reciben los temas de equidad y progresividad de la estructura tributaria.
Según el Ministro de Hacienda, los ejes de la reforma son: la reducción de los parafiscales, la simplificación y la reducción del número de tarifas del IVA, y el ajuste en el impuesto de renta.
En este orden de ideas, los empleadores dejarán de pagar los aportes del ICBF, el SENA y la salud de los trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos. Esto implica que los impuestos que gravan el empleo se reducen del 29,5 por ciento al 16 por ciento.
En contraprestación, las empresas deberán pagar un nuevo impuesto del 8 por ciento sobre las utilidades. De esta forma se asegura el financiamiento de los recursos de las entidades que venían beneficiándose con los parafiscales.
Al reducirse el costo directo de contratación de la mano de obra y gravarse las utilidades de las empresas, éstas deberán aumentar la demanda por dicho factor.
Respecto al impuesto a la renta, se establece una estructura que asegura mayor progresividad, pues al tiempo que se define una tarifa mínima, se aplica una tabla que tiene un tope del 15 por ciento.
Sin embargo, no está claro que esta propuesta no represente, para algunos trabajadores que están en el rango bajo de ingresos, un aumento en sus impuestos.
Como se sabe, el Gobierno propone que existan solo tres niveles del IVA: cero, cinco y 16 por ciento, con el propósito de facilitar el manejo y la administración de este impuesto.
Esto representa, ciertamente, un avance. Pero se tendrá que analizar con más cuidado la propuesta, pues algunos sectores han anunciado que ella implicará incrementos en sus costos.
Un asunto de gran importancia en la reforma es que, al reducirse el impuesto a las ganancias ocasionales, se sinceran las operaciones y los valores de ciertos activos, al tiempo que se controla la evasión.
Aunque el Gobierno ha dicho que la reforma no busca incrementar el recaudo, no es claro que esta posición sea la correcta, pues ella no garantiza que el balance fiscal sea sostenible en el tiempo.
Es de esperar que en el Congreso prevalezca el interés general por encima de los particulares y los políticos, y que el país comience, de manera cierta, a transitar por una senda de progreso que asegure mayores niveles de equidad y de generación de empleo formal.
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