En días pasados el editorial del periódico El Tiempo se refería a la revolución en marcha que el Presidente Santos pregona para el campo colombiano. El Gobierno Nacional proclama que entre el proyecto de Ley sobre desarrollo rural y tierras que llevará próximamente al Congreso de la República y la determinación de hacer de la agricultura una de las locomotoras del desarrollo, se está conformando una "verdadera revolución agraria".
Según el editorial, dicho proyecto de Ley se relaciona con el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales, el impulso a los programas de desarrollo rural en los territorios y la propuesta de una estrategia de ordenamiento de la propiedad y el uso de la tierra.
Con estas iniciativas y las interesantes perspectivas que presenta la demanda mundial por alimentos y materias primas agropecuarias, el editorialista considera que las naciones con vocación y disponibilidad de tierras para la agricultura, como Colombia, cuentan con una oportunidad única.
El editorial cierra haciendo alusión al hecho de que "el anhelo de Colombia de conseguir la paz y el progreso" debe pasar por deshacer el nudo gordiano que hay en las zonas rurales. De esta forma, "solo cuando el país empiece a avanzar en esa dirección se podrá decir, y con razón, que la revolución está en marcha".
Frente a unas expectativas tan amplias como las que se pueden derivar de la retórica oficial y que el periódico El Tiempo recoge en su editorial, cabe preguntarse: ¿qué tanto las políticas agrícolas están impulsando una verdadera revolución agraria?
De acuerdo con la experiencia reciente de países exitosos en el desarrollo de sus respectivas agriculturas y en alcanzar mejoras significativas en la situación social de los habitantes del campo así como en reducir la pobreza rural, existen varios elementos de las políticas sectoriales que son fundamentales para el logro de tales fines.
El primero de ellos es que se requiere de ajustes previos en la estructura de distribución de la tierra agrícola. En algunos casos, como en China, la misma se llevó a cabo de manera drástica y, en otros, los ajustes fueron más moderados. El segundo elemento lo constituye la apertura, progresiva en algunos casos, del sector agrícola al comercio mundial y a la competencia. El tercer elemento ha consistido en una política social activa en las zonas rurales en donde el mejoramiento de las condiciones de vida y del bienestar de los habitantes del campo ha sido el objetivo central.
La puesta en marcha de estos postulados ha permitido que las distintas agriculturas crezcan, impulsadas en muchos casos por las mayores exportaciones sectoriales, a ritmos importantes. Este crecimiento ha repercutido en más empleo y mayores ingresos en las zonas rurales, logros que, en conjunción con la política social activa, han llevado a mejoras sustanciales en los niveles de vida de los pobladores del campo y a la reducción de la pobreza rural.
Teniendo en cuenta la experiencia internacional, en Colombia todavía no pareciera perfilarse la revolución agraria que proclama el Gobierno.
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