La polémica que se ha formado en el país por los propietarios de los terrenos baldíos salpicó en la noche de este miércoles a la ministra de Educación, María Fernanda Campo y al director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), Alejandro Eder. Los señalamientos en su contra se dieron durante un debate de control político en la plenaria de la Cámara de Representantes.
El representante Iván Cepeda puso en conocimiento los vínculos de Campo y sus familiares se habrían beneficiado de terrenos baldíos que debían ser adjudicados a campesinos del Vichada en un proyecto agroindustrial de 25.000 hectáreas en las que participó la empresa Indupalma. Este empresa es gerenciada por el exesposo de la ministra Rubén Darío Lizarralde, según dijo el congresista.
Sin embargo, el representante del Polo Democrático explicó que el procedimiento empleado por la Ministra y sus familiares no es ilegal, pues realizaron compras a través de SAS que fueron en su totalidad puestas a disposición de Indupalma. Sin embargo, el congresista consideró que este es un comportamiento que "a todas luces no está bien".
“Cada SAS compró una UAF (Unidad Agraria Familiar) sin sobrepasar lo permitido por ley”, declaró. Por lo tanto, la Ministra y sus familiares no incurrió en actuaciones ilícitas pero cuestionó que una misma familia adquiriera varias SAS para que luego pusieran al servicio del mismo proyecto de Indupalma.
“El Estado colombiano ha ejercido una política dual frente a los campesinos. Por un lado, está la mezquindad y la exclusión hacia el campesinado, que se refleja especialmente en las políticas de acceso a la tierra y en los mecanismos utilizados para alcanzar el desarrollo rural, y por el otro, el favorecimiento desmedido, en algunos casos ilegal, a latifundistas y empresarios”, declaró Cepeda.
Entre tanto, el representante Wilson Arias, del Polo Democrático, dejó en evidencia que el Ingenio Manuelita a través de la familia del director de la Alta Consejería para la Reintegración (ACR), Alejandro Eder acaparó 17.700 hectáreas en Orocué (Casanare) que también habían sido adjudicadas a campesinos.
Según el congresista, los predios que ahora son del grupo Vallecaucano Manuelita, propiedad de la Familia Eder, fueron comprados a personas como el testaferro de los paramilitares alias "el Loco" y alias "Cuchillo", Gelber Mauricio Oicata Morales y por el ex representante a la Cámara, Jesús López Cadavid, condenado a siete años de cárcel por concierto para delinquir y formación de grupos paramilitares.
A los casos ya denunciados de acumulación de baldíos y violación a la ley 160, se suma éste, en el que se ven involucrados agentes de la mafia y el paramilitarismo con prestantes familias de empresarios, hechos que pongo en conocimiento de las autoridades competentes para que procedan con su investigación”.
El representante pidió a las autoridades para que investiguen a este caso y cuestionó al presidente de la República. “Si tienen sus funcionarios, sus ministros, vínculos en la altillanura. Se está comprobando que sí por lo que se estableció con la ministra y con la familia Eder”.
Los ministros de Agricultura y de Medio Ambiente que estaban citados a este debate no hicieron referencia a los cuestionamientos que hicieron estos dos representantes del Polo.
