En editorial de El Colombiano del pasado 27 de julio se trató el tema de los cocaleros en el Departamento de Antioquia. En éste se hacen una serie de afirmaciones sobre las cuales este gobierno quiere aportar otros elementos de análisis.
Toparse con un departamento nublado de coca ha sido una de las mayores dificultades que ha encontrado este gobierno. El territorio antioqueño se ubicó en los últimos años en los primeros lugares de producción de coca en el país. Según datos del SIMCI, en 20006 Antioquia contaba con 6.157 hectáreas de coca. Para 2007 el área ya ascendía a 10.000 hectáreas. Sin embargo, en lo que va corrido del año ya se han erradicado 10.838 hectáreas y aún queda un camino importante por recorrer.
El editorial de alguna manera justifica el ingreso de estos campesinos, los mismos que se han movilizado ya en tres ocasiones, a una actividad ilícita como es el cultivo de coca. El escrito aduce razones de presión de la guerrilla, de pobreza y de falta de oportunidades. Sobre este particular respetuosamente planteamos las siguientes consideraciones:
1. Aunque es cierto que campesinos de municipios como Valdivia, Tarazá e Ituango, presentes en el grueso de las manifestaciones -no siempre pacíficas- han sido objeto de presiones de la guerrilla para proceder en este sentido, también es claro que otros campesinos, de otras localidades, igualmente presionados, no han salido a protestar. Tal es el caso de muchos procedentes de municipios como Anorí, Briceño, Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza.
De cualquier forma, compartimos con el editorial el enorme esfuerzo que aún debe hacer el Ejército para consolidar militarmente la zona, en la que todavía cuadrillas como la 18 y 36 de las Farc tienen alguna fortaleza.
2. El editorial parece encontrar razones para la proliferación de la coca en esta zona en la pobreza y en la falta de oportunidades. Un argumento de este tenor se asocia mucho al que ya académicamente ha sido controvertido y desestimado por sectores de ese mismo ámbito en el campo de las ciencias sociales y económicas (el de las causas objetivas de la violencia). En concreto, en el departamento hay zonas tan o más pobres que las del Norte, Nordeste y Bajo Cauca, donde hoy prolifera la coca, cuyos campesinos han evitado el ingreso a esta actividad ilegal.
3. Es importante destacar lo estructurado por este gobierno para facilitar la incorporación de estas familias a la generación de ingresos lícitos. Sin contar lo ya sufragado en atender la situación humanitaria y el apoyo a la fuerza pública para sortear la situación, superior a los 500 millones de pesos, se han iniciado labores en seguridad alimentaria, sustitución de cultivos, titulación de tierras y familias guardabosques.
En consecuencia, ya comenzaron los proyectos de seguridad alimentaria, beneficiando a 3.000 familias con una inversión de 1.060 millones de pesos; de sustitución de cultivos para 500 familias en la fase 1, con una inversión de 3.750 millones; de titulación de tierras para 1.000 familias con una inversión de 540 millones y de familias guardabosques (del Gobierno Nacional) para 2.327 familias, con una inversión de 8.557 millones de pesos.
Finalmente, reiteramos nuestra disposición de compartir con ustedes los detalles de esta intervención, además de las acciones y visión de solución integral que a esta situación le está dando el gobierno departamental, en asocio con las autoridades nacionales y locales.
*Secretario de Gobierno de Antioquia
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