Solo cuando el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, expida el decreto que establece la forma en la que el Distrito asumirá el servicio de aseo que hasta hoy es operado por los privados, se podrán despejar las dudas que ha generado la decisión del alcalde que, para muchos sectores, es improvisada.
El anuncio de Petro, semanas atrás, motivó reacciones de advertencia preventivas desde la Procuraduría General y la Contraloría de Bogotá, que le han pedido al despacho del alcalde mayor aclarar cuánto antes las bases del funcionamiento del nuevo sistema, al considerar que existen riesgos financieros para el Distrito y de eventuales problemas en la misma prestación del servicio.
Petro tomó la decisión de asumir la prestación del servicio de aseo, sin intermediarios, debido a que el 17 de diciembre próximo se vencen los contratos con los cuatro concesionarios que operan el sistema.
Se trata de Lime, Aseo Capital, Ciudad Limpia y Atesa, que en el último año, según cifras del Distrito, obtuvieron ganancias netas por 90.000 millones de pesos.
El monto de las utilidades y las metas del plan de gobierno fueron los argumentos que esgrimió el alcalde Petro para tomar la decisión, sumado al interés de que la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá juegue como uno de los posibles concesionarios.
La situación, describen funcionarios de la Alcaldía, es clara: el sistema se tenía que cambiar. Por un lado, está la decisión de la Corte Constitucional, que le ordena al Distrito tener en cuenta a los recicladores, no como empleados de un privado sino como empresarios, reconociéndoles su trabajo. Y, por el otro, una promesa de gobiernos de una Bogotá sin basuras.
Para cumplir los dos planteamientos, la alcaldía no renovó los contratos y decidió darse un año, a partir de este 18 de diciembre, para diseñar los pliegos de la licitación que incluyan las metas de Gobierno y la decisión de la Corte.
Según funcionarios de la Alcaldía consultados por este diario, al asumir el servicio no se descarta que se puedan subcontratar las firmas que están prestando hoy el servicio.
¿Cómo lo hará?
Según la normatividad, la Alcaldía tiene la potestad de adoptar el modelo que le convenga, pero está en la obligación de socializar la forma de hacerlo.
No obstante, la Procuraduría solicitó a la Alcaldía precisar si se aplicaría la figura de subcontratación, los mecanismos para efectuarla, y si la misma incluía exclusividad, o si se trataría de contratos de concesión bajo urgencia manifiesta, similares a los existentes, en los que se adopten medidas para incluir a la población recicladora.
Así mismo, el contralor de Bogotá, Diego Ardila, cuestionó la forma en que se trasladaron las competencias de la prestación del servicio de aseo, que estaba en manos de la Unidad Administrativa Especial (UAESP) de Servicios Públicos y recayó en la empresa de acueducto, a través de un acuerdo en el Concejo.
"Ha habido una improvisación total en la materia, pues se traslada la competencia de la UAESP al Acueducto y la ley no autoriza que mediante acuerdos se pasen las competencias a otras entidades como sucedió".
En medio de las críticas, se oyen voces a favor de este proceso, como lo expresó el presidente del Concejo de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, al indicar que "si el negocio es rentable para los particulares, manejado adecuadamente, tiene que serlo para el sector público".
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