Hace unos días sentí indignación con la noticia de un hombre en Cali que estaba preso por robar un caldo de gallina. Me pareció absurdo que llevara tres meses en la cárcel y además, que pudiera pasar los próximos seis años de su vida privado de la libertad, ¿por qué?, sencillo, porque era un peligro para la sociedad.
Sigifredo López fue detenido por la Fiscalía y le imputaron tres cargos muy graves: homicidio, perfidia y toma de rehenes. No obstante, antes de ordenar su libertad, le dieron casa por cárcel, ¿por qué? sencillo, porque no era un peligro para la sociedad.
A Julio Gómez después de contribuir con el desfalco millonario de los Nule al Estado le dieron casa por cárcel, a pesar de ser condenado a una pena de cinco años, gracias a que firmó un acuerdo con la Fiscalía, ¿por qué?, sencillo, porque no era un peligro para la sociedad.
Andrés Felipe Arias, catalogado como un profesional brillante, está preso hace más de un año, acusado de firmar con el IICA (organismo adscrito a la OEA) un contrato sin los requisitos legales. No lo acusan de robarse un peso pero está en la cárcel, ¿por qué?, sencillo, porque es un peligro para la sociedad.
Confieso que no entiendo el concepto, de la “justicia” colombiana, de ser o no un peligro para la sociedad. Algunos casos delimitan esta situación, por ejemplo: la vinculación del sindicado con organizaciones criminales, los antecedentes penales, los delitos sexuales en menores y algunos otros.
Todo depende de la interpretación del juez. Robarse un caldo de gallina o firmar un convenio sin los requisitos legales lo convierte a uno en un peligro para la sociedad; ser cómplice del terrorismo o contribuir en un desfalco millonario al Estado, no es ser peligroso.
¡Por favor, que alguien me explique!
Este tema merece una revisión de las garantías constitucionales que ofrece el proceso penal, pues no toda imputación delictiva puede convertirse automáticamente en cárcel y otros casos graves no pueden terminar con el sindicado en la casa.
Importante también dejar claro que debe primar la presunción de inocencia, porque es completamente absurdo que en Colombia uno sea culpable hasta que logre comprobar lo contrario.
Por último: muchos casos merecen un escrutinio profundo por parte de la Fiscalía, entre ellos el que por más de cinco años tiene preso al coronel Alfonso Plazas Vega. Un caso lleno de vicios procesales, testigos falsos y sesgo de los jueces. Es el momento para que la “justicia” colombiana nos obligue, a muchos, a quitarle las comillas con las que nos referimos a ella.
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