Organizaciones de derechos humanos de seis países de América Latina han convocado para este viernes a una manifestación en repudio a la anulación de la sentencia de 80 años de prisión por genocidio contra el exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt.
"Organizaciones hermanas de seis países latinoamericanos ha convocado en sus respectivas naciones a manifestarse en solidaridad con las víctimas del genocidio" y en "condena a la impunidad que se pretende imponer en este caso", dijo hoy a Efe un portavoz del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh).
Las manifestaciones, que se celebrarán de manera simultánea en Argentina, México, Honduras, Perú y Nicaragua, se realizarán en solidaridad con las víctimas del genocidio en Guatemala, en donde también se ha convocado a una manifestación pacífica para el viernes.
El directivo de Caldh, organización que participa como querellante en el proceso judicial en contra de Ríos Montt, dijo que las manifestaciones también tienen como objetivo "que el mundo conozca el genocidio que padecieron los indígenas ixiles en Guatemala", y que "denuncien los intentos por dejar estos casos en la impunidad".
El "plantón internacional en solidaridad con Guatemala" se realizará frente a las sedes de la embajada de este país centroamericano en Buenos Aíres, Ciudad de México, Managua, Lima, y San Pedro Sula (norte de Honduras).
En la capital guatemalteca, la marcha, que según los organizadores reunirá a más de 10.000 personas, recorrerá las sedes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad (CC), y el Parlamento, y concluirá en la Plaza de la Constitución.
La CC, máximo tribunal de este país, anuló el pasado lunes la condena a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad que un tribunal emitió el 10 de mayo en contra de Ríos Montt, y ordenó retomar el juicio a como se encontraba el 18 de abril.
El miércoles, representantes de más de 70 organizaciones de derechos humanos y víctimas del genocidio calificaron de "ilegal" la anulación de la sentencia y señalaron que la misma produce un "gigantesco agravio a las víctimas sobrevivientes que han creído en la justicia".
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