De convertirse en ley, una propuesta presentada hace tres semanas ante la secretaría general de la Cámara de Representantes se convertirá en una especie de ‘segunda parte’ de la circular de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que imparte instrucciones de cómo deben cobrarse las propinas en los establecimientos comerciales que sugieren su cancelación.
La diferencia entre la proposición y la directiva de la SIC radica, básicamente, en que la primera sólo da luces de las maneras de informar al público cuánto es el porcentaje de la cuenta total correspondiente que se incluirá como propina, preguntarle al cliente si desea que el valor se incluya o no en la factura o cuánto desea dar y, en general, que lo anterior debe fijarse en avisos a la entrada del lugar y ubicado de manera visible en las cartas y listas de precios.
La segunda, en cambio, quiere decretar desde el concepto mismo de la propina, como una suma de dinero que se entiende como un aporte libre y voluntario, pasando por reglamentar la naturaleza y la destinación que deben tener, y hasta llegar a la prohibición de que dichos ingresos no puedan considerarse factores salariales de los empleados.
“He recibidos miles de denuncias de este sector, donde hay algunos dueños de los restaurantes u hoteles que les quitan parte de las propinas para ser usados en reposición de mantelería, de vajillas”, dijo su ponente, el representante del partido de la U, Efraín Torres Monsalvo.
Un aparte del proyecto de ley 070 del 21 de agosto califica como una “situación de atropello” el hecho de que , “en algunas ocasiones”, el dinero de los consumidores sea usado hasta para el pago del sueldo del personal de los establecimientos.
“Me contaron de un caso de ese tipo. Este proyecto busca garantizar que el 100 por ciento de las propinas, llegue a las manos del personal de atención. Por eso queremos establecer con una ley, la obligatoriedad de que no las puedan usar los dueños”, agregó el parlamentario.
Aumentan las sanciones
La circular única de la Superintendencia dispone que los establecimientos comerciales que no cumplan con el aviso de advertencia del cobro de propina, sean sancionados con una multa de uno a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En un caso que el año pasado resolvió la directora de investigaciones de protección al consumidor de la SIC, por ejemplo, se le ordenó a un restaurante el pago de 2 millones 833 mil pesos por ser hallado responsable de la mencionada violación.
Los considerados abusos por el cobro de propinas, como el citado, es uno de los motivos por los que el área de protección al consumidor de la entidad recepciona reclamaciones de manera frecuente, indicó el superintendente delegado para esta función, Jorge Sánchez Medina.
“A la gente no se le informa de la propina, o se le informa luego de que está incorporada en la factura sin haberla autorizado. O no está la información a la entrada del establecimiento como lo exige la Superintendencia. Ese tipo de casos se han atendido, han provocado sanciones”, aseguró.
Según información del organismo, en lo corrido de este año se han iniciado seis investigaciones por incumplimiento a la instrucción del cobro de propinas y, desde el año pasado, se han sancionado a 10 establecimientos investigados. Decisiones que, hasta ahora, son de primera instancia y no están ejecutoriadas.
En total, esa decena de castigos suman 88 millones 991 mil 700 pesos, por multas que van desde 566.700 de pesos hasta 58 millones 950 mil de pesos. “No obstante que ya hay una cultura con el tema de las propinas, es decir, que en la mayoría de establecimientos preguntan si la incluye o no, no dejan de haber quejas”, insiste Sánchez.
La iniciativa impulsada en la Cámara, no obstante, busca que las penalizaciones sean más altas, bajo la idea de que a mayor sanción habrá más cumplimiento de la norma.
“En esta ley, las autoridades de trabajo pueden sancionar desde un salario mínimo hasta 3.000 millones de pesos. Y se le da facultad a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que pueda establecer sanciones entre un salario mínimo y 1.200 millones de pesos, y también podrán cerrar el establecimiento de comercio de manera temporal por 180 días, o incluso total”, precisa el parlamentario Torres Monsalvo.
El Medio quiso conocer casos particulares de los establecimientos que, según el parlamentario, vienen cometiendo lo que él mismo llama “atropellos”, pero respondió que no puede mencionar casos en particular porque no posee pruebas específicas. “Hay personas que trabajan en unos restaurantes, donde les están quitando un porcentaje de propinas, y ellos están tratando de luchar para que se les defienda. Ocurre en Bogotá y toda Colombia”.
El delegado Sánchez cuenta que, aunque los aportes voluntarios no son de su competencia, hace pocos días tuvieron reuniones con gremios de restauranteros en las que se han planteado inquietudes sobre el proyecto. A la mayoría les preocupa que la propuesta les pueda representar menor valor al momento del recaudo por propinas y que, además, coloque más restricciones en el cobro. “Nosotros no tenemos evidencia que eso sea así. Hemos tenido conocimiento de gremios de meseros y, por el contrario, dicen que esta regulación les ha incrementado”. Al proyecto falta darle debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, luego hacer todo el proceso en la comisión y la plenaria del Senado. De pasar por todas estas instancias, a más tardar se convertiría en ley en el segundo semestre del próximo año.
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