Todo indica que hay problemas en la gobernabilidad para la administración Santos y eso está asociado a una variedad de causas que trataré de resumir.
Primero debemos recordar que la gobernabilidad tiene que ver en lo fundamental con la capacidad de dar respuestas satisfactorias y en el tiempo adecuado a las demandas de la sociedad y para ello se requiere no solo una buena disposición de escuchar, sino igualmente para responder estas demandas y capacidad de formulación y adecuación de las políticas públicas para que las atiendan, así como también la posibilidad de construir mayorías legislativas y un adecuado control del orden público en su territorio.
A partir de lo anterior se espera que los ciudadanos crean y apoyen a sus gobernantes y en esa medida confíen en ellos, les den legitimidad y no acudan a vías de hecho para tramitar sus demandas.
Efectivamente, el gobierno Santos contó desde sus inicios con una cómoda mayoría en el Congreso, la coalición llamada ‘Mesa de Unidad Nacional’, pero esto probablemente fue negativo por cuanto le dio al Gobierno la equivocada sensación de tener el apoyo de las mayorías nacionales.
Esa es una equivocación frecuente de los gobiernos de creer que los partidos políticos canalizan las representaciones y demandas sociales, cuando sabemos que solamente lo hacen parcialmente, y en esa medida creer que sus políticas públicas no requieren ser consensuadas con los distintos sectores sociales. Ese es el efecto pernicioso de contar con una mayoritaria aplanadora parlamentaria.
Adicionalmente, los últimos gobiernos, que han sido altamente centralizadores, se han caracterizado por una débil capacidad de gestión de sus políticas públicas, además de que tienden a ser gobiernos con una serie de funcionarios, seguramente bien capacitados, pero desconocedores de las particularidades y problemáticas regionales; por lo tanto, son percibidos por las regiones y sus problemas como lejanos y desconocedores.
Todavía existe la vieja idea de que asumir cargos en el sector público son honores casi que heredados y no responsabilidades para servir adecuadamente a la sociedad buscando cumplir las tareas a su cargo con la mayor diligencia.
A lo anterior se suma la incapacidad de enfrentar las demandas que se expresan en la protesta social; se repite el estribillo de que se ‘respeta la protesta social’, pero no es suficiente con decirlo.
Mucho de ello seguramente se debe a que en general los altos funcionarios públicos pueden ser buenos técnicos, pero al parecer con pocas capacidades de negociación y la gestión pública por esencia es negociación -para decidir las políticas públicas, para su ejecución y su seguimiento-, por eso varios especialistas en gestión pública han dicho que un buen funcionario público debe ser un buen técnico en su campo y un buen político; es decir, alguien con capacidad de negociar -recordemos que política es sinónimo de negociación-.
Pero pareciera que muchos funcionarios son buenos en sus campos y desde sus oficinas, pero no parecen igual serlo en la relación con los problemas de los ciudadanos y sus expresiones de protesta social, allí parecen aflorar rasgos autoritarios que no son adecuados, porque el gobernante debe tener la capacidad de introducir rectificaciones en sus políticas públicas cuando muestran que no están siendo eficaces.
Por eso la única fórmula que parece haber siempre es acudir a la experiencia del vicepresidente Angelino Garzón y esa evidentemente no es una buena decisión; el Vicepresidente, que tiene una gran experiencia de negociador, no pueden convertirlo en un ‘apaga incendios’.
Igualmente, la única fórmula frente a la protesta social no puede ser la Fuerza Pública, porque ello lleva a un desgaste de la misma y porque los ciudadanos requieren ser escuchados en sus solicitudes -por supuesto sin acudir la violencia, porque allí sí tiene el Estado el deber constitucional de mantener el orden y el ejercicio de derechos-. Tampoco pretender que los problemas se resuelven por inercia y entonces dejarlos al garete.
No hay duda que el gobierno Santos tiene un desafío grande frente al último año de su gobierno y más si aspira a que los colombianos lo reelijan y es ajustar su estrategia de gobierno para que los colombianos sientan que sus problemas tienen atención de sus gobernantes.
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