Claudia Molina no sabe a cuál otro santo hay que rezarle para que se le haga el milagro de que le cancelen los 26 millones de pesos que, asegura, le deben sus antiguos patronos de Indurrajes.
Dice sin dudar que será la plata para tener, al fin, a sus 44 años, la casa propia que siempre anheló desde que entró como operaria en 1987 a esa empresa metalmecánica, donde por cuatro décadas se fabricaron a granel hebillas, cierres, ganchos y otros accesorios para la confección.
Pero Indurrajes detuvo sus máquinas el 2 de febrero de 2002. Ese día se quedaron sin empleo 230 trabajadores.
El sindicato se tomó las instalaciones para presionar el pago total de las obligaciones laborales y 20 días después, la Superintendencia de Sociedades declaró la liquidación obligatoria.
Pues nueve años, tres meses y trece días después de esa decisión, es la hora que Claudia todavía conserva el contrato con la empresa que nunca se canceló. Y su sueño de casa propia sigue en veremos, así como la posibilidad de que le paguen.
Una tortuosa liquidación
"Uno laborar 15 años para nada, no es justo. Hace tres años recibí un abono de 4 millones, pero es la hora que no definen nada, y algunos ya hasta se murieron", cuenta Claudia, quien estuvo sin trabajo dos años y medio y ahora es operaria en una fábrica de envases plásticos.
Como ella, también se lamentan César Fonseca, quien fuera jefe de Sistemas de la empresa y Elkin Saldarriaga, jefe de Producción. El primero asegura que le deben 120 millones de pesos, y el segundo, espera 86 millones de pesos.
Ambos, una suerte de adalides de compañeros como Claudia, tienen calculado que las acreencias de Indurrajes con sus trabajadores supera los 6.000 millones de pesos. Pero, ¿por qué no se han pagado?
Documentos en mano, Fonseca explica que la empresa donde trabajó por 10 años fue descapitalizada y varios de sus activos transferidos a otras compañías, como una forma de evadir obligaciones.
"El 16 de octubre de 1998, Indurrajes cambió su condición de compañía limitada a sociedad anónima. Su propietario de toda la vida, Jaime Wielgus, deja la gerencia y encarga a Adolfo Svartznaider. Ahí empezó el fin de la empresa", explica Fonseca.
Por su parte, Saldarriaga señala que ya tienen pruebas de que Indurrajes transfirió el 24 de diciembre de 1998 a la Inmobiliaria Venus S.A., de la que era representante legal el mismo Wielgus, varias propiedades con un valor comercial superior a los 3.000 millones de pesos.
Hacia el cobro judicial
El 28 de enero del año pasado, la Superintendencia de Sociedades ordenó reintegrar a Indurrajes esos bienes trasladados. Pero los propietarios interponen una tutela y el Juez falló que la Superintendencia no es el ente indicado y debe ser un juzgado civil quien resuelva el conflicto.
Pero eso depende ahora de lo que falle el Tribunal Superior de Medellín, como segunda instancia.
Ahora, los trabajadores reconocen que no tienen los recursos para pagar a un abogado que continúe con su empeño de cobrar por medios judiciales lo que les deben.
"Ya hemos bregado mucho con esto. Solo confiamos que no se cierre el proceso liquidatorio", concluye Saldarriaga. Pero es lo más probable.
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