A nivel legal son pocas las salidas que tiene un referendo independentista catalán, que fue declarado inconstitucional por las instancias mayores de la justicia de España. No por esto pierde importancia el hecho de que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, haya seguido adelante con la consulta separatista, para el 9 de noviembre, desoyendo la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional (TC) español.
La razón es que, con esto, Mas intenta acercar los caminos de la independencia mediante una desobediencia civil pacífica, que, a pesar de no contar con un aval jurídico por parte de España, sí podría tener consecuencias a nivel social y político a favor de la iniciativa.
Pero para Antonio Alberca, abogado español reconocido en el país por tomar lugar en los procesos judiciales del 11-M y de Jaume Matas, la iniciativa (que busca obviar el proceso jurídico), en caso se hacerse efectiva en las urnas el 9 de noviembre, verá no obstante al actual gobierno catalán cometiendo delitos a la luz de las leyes españolas.
"En este momento el proceso está en un punto casi muerto. Pero cuando se convoque realmente y se produzca la votación, se estará cometiendo incluso un delito. Toda vez que, aunque por ahora no hay ninguna contravención, en caso de que se realice el referendo, la Generalitat estaría incurriendo en una sedición", explicó a El Colombiano.
La posición de España
Lo contrario piensa el gobierno español, para el que la conformación de un organismo electoral, firmada y decretada por Mas el pasado 2 de octubre, constituye ya otro ilícito. El nombramiento de los siete integrantes de la Comisión de Control de la Ley de Consultas no refrendarias (el equivalente a la Junta Electoral), que velará por el cumplimiento de la convocatoria, es visto desde Madrid como otro desafío a las leyes.
Ante esto prevé responder con un nuevo recurso ante el TC para suspender también este decreto, pero incluso una querella criminal que presentará la Fiscalía contra Artur Mas. "Con la firma del decreto, el mandatario catalán optó por mantener la unidad en el frente soberanista, pero desafiar la prohibición española", aseveró el diario La Jornada tras la decisión.
Tal como dice dicha publicación, desde el lado español el consenso es que la iniciativa solo le acarreará problemas al actual gobierno autonómico. Así lo cree José Ángel Hernández, doctor en Historia Contemporánea y director del Departamento de Historia de la Universidad Sergio Arboleda.
"Los responsables catalanes y su gobierno tensarán la cuerda lo máximo posible, pero ante las consecuencias legales que puede comportar esa votación ilegal, se echaran atrás a último momento. Según algunos se hará una pantomima de votación, pero que poca validez tendrá, incluso para los independentistas", dijo el experto a El Colombiano.
En todo caso, no está claro aún el escenario al que llevará esta coyuntura, que promete seguir elevando las tensiones entre Cataluña y España. Algunos son pesimistas, y prevén un contexto peor, pero otros esperan acercar un diálogo entre contrarios.
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