Doce horas después de que el Gobierno Nacional decretara la conmoción interior y facultara al Consejo Superior de la Judicatura para adoptar las medidas que garanticen la prestación del servicio de justicia, ese tribunal arrancó con el respectivo estudio.
Sanciones y despidos hacen parte del abanico de posibilidades que a partir de este martes deberán afrontar los empleados de la Rama Judicial que insistan en el cese de actividades.
El presidente de la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura, magistrado Jesael Giraldo, explicó que quienes se reintegren al servicio judicial no tienen de qué preocuparse, pero quienes no reanuden sus labores podrán ser sancionados con el no pago del salarios o con un proceso disciplinario por abandono del cargo".
Asimismo, Giraldo señaló que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le ha pedido a los consejos y direcciones seccionales que lleguen a acuerdos con los empleados para reponer el tiempo perdido. Una vez hecho esto se efectuarán los pagos pendientes.
"En caso de iniciarse acciones disciplinarias, se respetará el debido proceso. Si se nombran jueces y empleados, será solamente en los casos que sean indispensables y donde no se esté prestando el servicio.", afirmó Giraldo.
Con respecto a las nuevas funciones de los notarios, el magistrado informó que serán ellos quienes conocerán procesos relacionados con adopciones, licencias para enajenar bienes, vender e hipotecar declaraciones de ausencia y muerte por desaparecimiento.
"Será la Superintendencia de Notariado y Registro la que reglamente todo lo referente a los repartos y distribución de competencias notariales", continuó el magistrado.
Sobre el tema de revivir la Ley de Pequeñas Causas, tumbada recientemente por la Corte Constitucional, Giraldo afirmó que "el decreto que se emita en esta materia le garantizará al ciudadano que todos los pequeños delincuentes podrán ser juzgados rápidamente".
Sin embargo, el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, evalúa la expedición de un decreto que, en sus palabras, buscará que "algunos delitos menores pasen a contravenciones y que puedan ser atendidos por inspectores de Policía o por conciliación, como estaba previsto en la anterior ley".
El Ministro aclaró que no se trata de la misma Ley de Pequeñas Causas y que el decreto permitiría que se atiendan todas las consideraciones de la Corte Constitucional al declarar inexequible esta norma, así como las observaciones recibidas durante los seis meses de vigencia de la ley.
Otro decreto que evalúa el Ministerio del Interior y de Justicia es el de la notificación por medio de mensajería privada y no de manera personal o a través de edictos, como existe en la actualidad.
Con ello, los colombianos que sean llamados a juzgados o estén en espera de procesos, podrían recibir la información más rápidamente.
"Vamos a habilitar, con un decreto, la posibilidad de hacer estas notificaciones a través de mensajería privada. En este momento hay represadas 420 mil notificaciones de distintas diligencias en todo el país", reveló Valencia Cossio.
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