Un punto de vista crítico respecto a la relación que existe entre el estado y las empresas inversionistas del sector minero energético en Colombia es lo que plantea Álvaro Pardo Becerra, director de Colombia Punto Medio. Muchos beneficios y poco cumplimiento de las obligaciones estatales son el nudo de esta dupla.
Para Pardo, los últimos gobiernos se dedicaron a generar enormes beneficios, especialmente tributarios, para atraer la inversión al sector sin conocer el costo global de los mismos.
“Colombia se convirtió en un paraíso para las compañías mineras extranjeras y esos privilegios se mantienen, entre ellos, deducir las regalías de sus impuestos, remesa de utilidades sin impuestos, venta de derechos mineros en el exterior, venta de minerales a comercializadores internacionales del mismo grupo económico a precios inferiores a los precios de mercado o al consumidor final, creación de zonas francas para sus operaciones portuarias, deducción de los intereses por créditos internacionales, deducción de los giros a sus fundaciones, la amortización de activos en línea recta o a cinco años, entre otros”, dice.
Y aunque planteado de esa manera las condiciones actualmente son más que óptimas para las empresas, Pardo asegura que esos privilegios tienen un costo fiscal elevado para la Nación, “disminuyen los ingresos del Estado limitando el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la Carta Política”.
Más coordinación en minería
Las cifras para esta parte del sector son positivas, según Claudia Jiménez, directora ejecutiva de la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala, en los últimos 13 años el sector desembolsó cerca de $33,3 billones de pesos al estado colombiano representados en pago de impuestos, compensaciones y canon superficiario, entre otros, recursos que son valiosos para el progreso de muchas regiones del país.
Actualmente, la minería representa el 2 por ciento del PIB, el 18,8 por ciento del total de las exportaciones, el 17,5 por ciento de la inversión extranjera directa y el 16,9 por ciento del total de regalías. A eso se suman los cerca de 350 mil empleos que genera y la compra de alrededor de $6 billones al año a los proveedores en el país.
Sin embargo, aunque este panorama parece ser muy alentador, Jiménez señala que el entorno nacional se ha tornado desfavorable al desarrollo de una industria que desea hacer las cosas bien.
“El mayor desafío desde la institucionalidad es lograr la coordinación entre las entidades del orden nacional y entre estas y las autoridades locales, para apoyar las iniciativas de desarrollo de la minería. Igualmente, se hace imprescindible que el estado lidere, a través de un diálogo fluido, respetuoso y transparente, un consenso entre entidades públicas, industria formal y comunidades”, concluye.
