En mis tiempos de estudiante era un asunto menor. Algún párrafo del Código de Procedimiento Penal disponía la entrega del delincuente que se escondiera en Colombia al país donde hubiera cometido su delito. Si aquí también había delinquido, se procedía a castigarlo primero y después a entregarlo al extranjero.
Tan simple (y tan vieja) como los buenos modales, la extradición era el modo de evitar la impunidad sin tener que bombardear a los vecinos. Y el único cuidado necesario era no ir a entregar presos políticos. Pero el lío se formó cuando la extradición a Estados Unidos reemplazó a la justicia colombiana. Nuestro Código Penal quedó en el aire y ese asunto pasó a ser el hilo conductor de nuestra historia tan republicana. Ya vamos en 30 años: Barco suscribió el Tratado como embajador de Turbay en 1979; la Corte lo tumbó en 1980 porque la ley tenía una firma que no era; Barco ya presidente vuelve a firmar en el 86, la Corte vuelve y lo tumba en el 87 y Barco lo revive por Estado de Sitio en el 89. Pablo Escobar entonces monta la guerra y la Constituyente acaba con la extradición en el 91. Siguen la saga de La Catedral y la Cali-elección de Samper -como dos "pruebas reina" de que en efecto en Colombia no hay justicia-. Pero Samper acogollado hace cambiar el Artículo 35 de la Carta y la extradición renace en el 97; Pastrana junior la utiliza 78 veces, y luego llega el campeón Uribe que a esta fecha ha entregado 812 presos a los Estados Unidos.
Y sin embargo la extradición tiene dos problemas: que no ha servido para lo que se buscaba pero sí se ha usado para lo que no era.
El fracaso lo admitió nadie menos que el gringo que acogolló a Samper. Según dijo Frechette esta semana, "la extradición se propuso como el vehículo para acabar con los narcos... cuando sabíamos que si capturábamos uno aparecían otros para sustituirlos. Debimos ser más honestos". Y es que para un país que tiene más de dos millones de presos y donde cada uno cuesta un dineral, eso de andar recibiendo traquetos no resulta nada bueno. Y mientras tanto Uribe convirtió la extradición en la herramienta central de su política interna. Al decidir quiénes serán castigados de verdad, el Presidente asume la tarea del juez -con lo cual rompe la separación de poderes-. Pero hace tiempo que el estado de derecho no importa, y la amenaza de extraditar ha servido como clave y secreto de la Seguridad Democrática. Ella fue el fantasma detrás de las negociaciones de Ralito. Fue el castigo de verdad a los 14 ex comandantes de las AUC que "le pusieron conejo" al Presidente. Fue la manera de abortar el intercambio humanitario, puesto que Sonia y Trinidad ya no podrán ser canjeados. Y es la forma de probar 812 veces que la plata de los gringos en Colombia está bien invertida.
También los gringos usan la extradición para el consumo interno. Durante 30 años les ha servido para legitimar y sostener una "guerra" que están librando en el lugar equivocado. Y ahora la pintan como parte de la cruzada contra el terrorismo, puesto que a "Gafas" no lo piden por narco sino por el secuestro de los tres americanos.
El secuestro es más grave que el narcotráfico, y en sana lógica la extradición se justificaría más en éste que en mucho otros casos -casi todos-. Es porque casi siempre los delitos horribles se han cometido en Colombia y contra colombianos: asesinatos, masacres, desplazamientos, compra de congresistas, secuestros y violaciones. Al recurrir a una justicia sustituta quedan impunes los crímenes peores: a Trinidad lo absolvieron dos veces en Nueva York y ninguno de los 14 señores de las AUC ha vuelto a hablar de la parapolítica ni han aportado una gota a los procesos de la (mal) llamada "Justicia y Paz".
La extradición nació como un medio legal e internacional para evitar la impunidad, pero estamos empeñados en usarla como un arma política e interna que esconde la incapacidad de castigar. Y es por eso que las cosas no funcionan.
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