La cuenta regresiva para la implementación de la Ley de Víctimas avanza y en varios entidades del Gobierno Nacional hay premura para que el primer día de 2012 las nuevas instituciones creadas en el ambicioso proyecto, inicien la descomunal tarea de reparar a cuatro millones de víctimas del conflicto armado.
La Ley de Víctimas aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, el pasado 11 de junio, da vida a nuevas entidades como el Departamento Administrativo para la Inclusión y la Reparación, que reemplazará a la Agencia Presidencial Acción Social, encargada de manejar el presupuesto de las reparaciones.
En esta institución se trabaja por estos días en la conformación de los comités para la atención a los desplazados y la implementación de proyectos productivos, por citar dos ejemplos.
De otro lado, en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) también se avanza en la transformación en la nueva Unidad Administrativa Especial, la cual se encargará de la atención de las víctimas que reclaman reparaciones.
Esta dependencia está prevista para comenzar funciones el primero de enero de 2012 y en la actualidad trabaja en la documentación de los planes metodológicos y rutas de atención que dieron resultados en los últimos años y que servirán de base para iniciar la reparación.
Según fuentes de la CNRR, dado que el "espíritu de la norma" es que sea una reparación integral, más allá de la indemnización económica, se trabaja en la reglamentación de los programas que beneficiarán a las víctimas en educación, salud y reconciliación.
Uno de los frentes más activos es el proyecto que busca la restitución de unas dos millones de hectáreas a cerca de 400.000 familias desplazadas por parte de los grupos armados ilegales.
Patricia Buriticá, comisionada de Tierras de la CNRR, aseguró que en los cinco meses que restan de este año se debe terminar la depuración de los casos de despojo, que a finales del año serán entregados al Ministerio de Agricultura.
"Teníamos más de 6.000 reclamaciones en el país, pero esa cifra ya va en 3.000 casos (individuales y colectivos) que se ajustan a la Ley, que reconoce la restitución a casos de despojo desde 1991", indicó Buriticá.
Otro frente de trabajo, explicó la funcionaria, es la reglamentación de los mecanismos administrativos y las rutas de restitución.
"La tierra se restituye mediante procesos administrativos, con titulación de predios, revocatoria de títulos fraudulentos o con procesos judiciales, pero con mecanismos de justicia transicional que deben ser expeditos para resolver casos en seis meses o máximo un año".
La comisionada recordó que en los próximos meses el Consejo Superior de la Judicatura debe designar los magistrados especiales que resolverán los litigios con actuales poseedores de las tierras para la reparación.
Dejar allanado el camino de la reconciliación es otra tarea en la que se concentra el padre Darío Echeverry, director de Reconciliación de la CNRR.
"La reparación no se puede quedar en un cheque como muchas víctimas lo asumen. Nuestro objetivo es dejarle a la nueva entidad una propuesta de política pública basada en una pedagogía de la reconciliación que se pueda ofrecer desde el Sena, en los programas de reinserción de desmovilizados en organizaciones sociales".
El sacerdote, miembro de la Comisión de Paz de la Iglesia Católica, también les apunta a planes de reconciliación colectiva que integren a víctimas, victimarios y comunidades afectadas por la violencia y procesos con enfoque diferente en niños y mujeres".
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