Guardados, en custodia, en bodegas de distintos establecimientos carcelarios del país, permanecen sistemas electrónicos de seguridad que fueron adquiridos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para dotar a diez penales en el país.
Así lo acaba de establecer la Contraloría General de la República, que le pidió al director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte, adoptar las medidas necesarias tendientes a instalar y poner en funcionamiento los equipos que se adquirieron en 2009.
Según advirtió la contralora General, Sandra Morelli Rico, "el patrimonio público podría verse eventualmente afectado por el progresivo deterioro de estos bienes, que permanecen expuestos y en condiciones de conservación que no son las más apropiadas. Además, a medida que avanza el tiempo, se van volviendo obsoletos".
Con los equipos serían dotados de seguridad electrónica los establecimientos de reclusión del orden nacional de Cúcuta, Pedregal, Puerto Triunfo, Jamundí, Florencia, Ibagué, Acacias, Yopal, Guaduas y La Picota.
En un comunicado, el ente de control informó que adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en la ejecución y liquidación del contrato No. 076 de 2009, por el cual se adquirieron esos bienes y elementos tecnológicos.
Precisamente, con ocasión del trámite de este proceso, la Contraloría adelantó visitas especiales a las 10 cárceles señaladas.
El contrato 076 de 2009 se suscribió entre el Ministerio del Interior y de Justicia y la Unión Temporal Seguridad Carcelaria el 29 de mayo de 2009, por una cuantía de 53.537 millones de pesos, con una duración de 18 meses.
El objeto era el ajuste de diseños, suministro, integración, instalación, implementación, prueba, puesta en servicio, mantenimiento preventivo y correctivo por dos años de los sistemas electrónicos de seguridad de 10 establecimientos carcelarios a nivel nacional.
Estando en ejecución el contrato, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-841 del 20 de noviembre de 2009, al revisar una acción de tutela interpuesta por el representante legal de la Unión Temporal Seguridad Carcelaria contra el Ministerio del Interior y de Justicia, resolvió revocar el fallo dictado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura del 7 de mayo de 2009, declaró improcedente la tutela revisada y ordenó la liquidación del contrato 076 de 2009 en el estado en que se encontrara.
Dando cumplimiento a esta decisión de la Corte Constitucional, el Ministerio del Interior y de Justicia suspendió entonces la ejecución del referido contrato y entregó en custodia al Inpec los bienes y elementos adquiridos para implementar la seguridad electrónica en los 10 establecimientos carcelarios.
