Andan por los corredores del Congreso de la República –y en ocasiones se hace eco de ellos en medios de comunicación-, algunos proyectos de Ley que buscan modificar aspectos de las reglas de la política y el sistema electoral de la democracia colombiana. Uno de sus elementos más polémicos, sobre todo porque responde a una coyuntura reciente y a un lugar común bastante manoseado por los políticos: el voto obligatorio.
Los proyectos de reforma se desarrollan en el contexto de la baja participación electoral de los colombianos en las elecciones legislativas y presidenciales de 2014. En efecto, en la primera vuelta presidencial de este año solo el 40 % del Censo Electoral votó, mientras en la segunda vuelta lo hizo el 48 %. Una tendencia de abstencionismo estructural.
El problema es que establecer sanciones para quienes se abstienen de votar inclina la balanza del voto, en términos establecidos por la misma Constitución, de ser más un derecho, a ser más un deber. De igual forma, la obligatoriedad del derecho, le quita libertad a su ejercicio, afectando la misma naturaleza del “derecho” del que goza un individuo. El derecho al voto hace parte de los Derechos Políticos de los individuos, y por tanto, no puede ser constreñido para que sirva a los intereses de la reducción del abstencionismo electoral.
La Constitución de Colombia acoge la idea de la democracia participativa, es decir, de la apuesta por establecer mecanismos que complementen la democracia representativa con el involucramiento de los ciudadanos en una gestión más directa en los asuntos públicos; sin embargo, esta decisión no debe caer en las medidas que coercionen y “obliguen” a que el ciudadano asuma un comportamiento que el Estado (y en este caso los legisladores) creen conveniente para el sistema político y democrático. En la relación entre el individuo y sus Derechos Políticos (particularmente el ejercicio) solo debe mediar la libertad del mismo ciudadano.
Por otro lado, experiencias internacionales no parecen dar cuenta de que el voto obligatorio acabe con la abstención, y mucho menos, que mejore la calidad de un sistema democrático. En efecto, de acuerdo a datos del Institute for Democracy and Electoral Assistance, países como México, Paraguay o Panamá cuentan con niveles de participación en elecciones presidenciales similares a las de Colombia, a pesar de tener sanciones establecidas para quienes no votan. De igual forma, los países que han establecido el voto obligatorio ni tienden a ser más democráticos que los países en donde el voto es libre.
Al final, el abstencionismo es un asunto de cultura política y no de normatividad. Los ciudadanos no votan por coyunturas (campañas complejas, candidatos con dificultades de relacionarse con los electores), o por una profunda apatía construida por años de relaciones poco efectivas entre el ejercicio del voto y las realidades políticas de los ciudadanos.
De igual forma, vale la pena preguntarse si la abstención electoral tiene que ser considerada como un vicio de la democracia. Es decir, ¿será necesariamente malo que no todos los ciudadanos, e incluso ni siquiera una mayoría, participe en las elecciones? Que se puedan quedar en la casa, libres, sin tener que pagar amonestaciones. Esa es su prerrogativa.
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