- No comparte la idea de revocar el Congreso por el tema de parapolítica.
- Procurador Maya Villazón defiende fortaleza de las instituciones.
- Remezón en en la Policía es clave para sellar el tema de las chuzadas.
Beatriz María Arango de Acosta
Luis Fernando Ospina
José Guillermo Palacio
Varios hechos sacudieron la vida nacional en la semana que concluye. Las versión libre de Salvatore Mancuso que salpicó, como lo había prometido, a altos funcionarios del gobierno, militares y empresarios; el remezón en la Policía Nacional, producto de las chuzadas telefónicas de que venían siendo objeto personajes de la oposición, periodistas y miembros del gobierno.
Si bien el procurador Edgardo Maya Villazón califica los hechos como trascendentales y graves, afirma que los mismos no son un jaque para la gobernabilidad del país, toda vez que para eso están las instituciones, para conjurar las crisis, sobre todo en un Estado social de derecho como el nuestro.
¿Cuál es su opinión sobre la interceptación de llamadas y el remezón en la cúpula de la Policía, producto de la misma?
"Es transcendental la gravedad de lo que se ha puesto en evidencia pero no es nuevo el tema de las interceptaciones ilegales. Tales situaciones venían sucediendo en el país. Por ello ha habido sanciones de la justicia y la Procuraduría General de la Nación contra servidores públicos que han incurrido en estas faltas".
¿En qué casos puntuales?
"Hay muchos casos de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, entidades donde la Procuraduría procedió. Ahora se profundiza en la crisis y creo que la determinación que ha tomado el Gobierno es para sellar totalmente esos procedimientos y la Procuraduría tiene que intervenir en ello".
¿Qué mecanismo utilizará para intervenir?
"La Procuraduría intervendrá a través del ejercicio del poder preferente, atribución que tiene la Procuraduría General de la Nación de desplazar al órgano natural de vigilancia y examen de la conducta de los servidores públicos. Les pongo un ejemplo: en el caso de la Policía Nacional, a quien se sindica por parte del Ministro de Defensa claramente de haber realizado las interceptaciones, el órgano que debería asumir esta investigación es el Inspector General de la Policía. Entonces, en determinados casos la Constitución le da una facultad a la Procuraduría de ejercer ese poder preferente, entonces el Ministerio Público asume la investigación, ya que es la máxima autoridad en el tema disciplinario".
¿Está en juego el tema de la gobernabilidad?
"Las instituciones, sobre todo en un Estado de derecho como el nuestro, donde rige el principio de legalidad, están hechas para conjurar las crisis. Colombia ha tenido una fortaleza institucional frente a todo el contexto latinoamericano de instituciones fuertes. Lo que estamos viendo en los resultados de la justicia, de las decisiones del Gobierno y la Procuraduría General de la Nación es que hay un control por parte de los organismos del Estado. Unas veces, como en este caso de las interceptaciones telefónicas, hay que volverlos a encausar y las instituciones son las que tienen que responder, no solamente ésta sino todas las instituciones que tienen que ver con ella.
Otro aspecto que también quiero tocar es el de las reservas judiciales, es decir, los funcionarios que estamos obligados a conservar esa reserva también tenemos que ejemplarizar y evitar lo que ahora estamos viendo, que las actuaciones se realicen un día y al día siguiente aparezcan en los periódicos. Es una fuente de información y la prensa tiene el deber de difundirla, pero también hay que establecer unos controles para los efectos de esas publicaciones".
¿Qué impacto puede tener esta situación en la órbita internacional, caso Congreso de Estados Unidos, donde el clima político sigue agitado por las denuncias de la oposición de ventilar los temas internos en otras instancias?
"Los hechos que sucedan en el contexto nacional no pueden quedarse al interior de nuestra frontera, estamos en un mundo globalizado donde lo que se ha borrado son las fronteras. Nosotros consideramos que todo tendrá incidencias, sobre todo en un tema tan delicado como es el de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, la aplicación de las normas es algo que le compete a todo el contexto internacional".
¿Está la Procuraduría a la altura de las exigencias del proceso de la parapolítica?
"Tengo la certeza de que la Procuraduría, como en todos los temas que le ha tocado para vigilar la conducta de los servidores públicos, va a entregar resultados pronto de las investigaciones que ha abierto y que va a continuar abriendo dentro del contexto de lo que hace la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, porque nosotros somos Ministerio Público y tenemos presencia en ese proceso sobre traslado de pruebas mediante la formulación de pliegos de cargos donde sea necesario y aplicar las sanciones si es del caso".
¿Tiene personal disponible para atender tantos frentes o tendrá que contratar nuevos investigadores?
"Creo en lo que tenemos, lo único que hemos pedido al Gobierno, que está autorizado por la ley de Justicia y Paz, es la creación de 20 unidades de procuradores judiciales para vigilar este proceso que se viene y que ustedes saben, no solamente están los jefes que están en la cárcel de Itagüí, que son más de 50, sino que hay aproximadamente, como lo ha dicho el señor Fiscal, unas 2.000 personas para procesar en este tema de Justicia y Paz".
En el momento actual de Justicia y Paz, ¿qué cree usted es esencial para la sociedad?
"Lo que espera la sociedad colombiana es que haya resultados de la justicia y que los desmovilizados, a través de la verdad, como en el acto que presidimos en Medellín (lanzamiento del Premio Nacional de Paz, el pasado martes), lo menos que quieren es que les digan dónde están los restos mortales de sus seres queridos, la gente no está pendiente de que le entreguen grandes sumas de dinero, que le entreguen grandes indemnizaciones sino un derecho elemental a la verdad a fin de que les digan dónde están las personas desaparecidas. El proceso de resarcimiento también debe llevarse a cabo, pero ante todo que se sepa la verdad; segundo, que la justicia imponga sanciones y, tercero, que haya indemnizaciones".
En sus versiones libres Mancuso ha salpicado personajes de la vida nacional y generales del Ejército y la Policía como sus auxiliadores. ¿Cuál es su visión al respecto?
"A mí me parece que esas afirmaciones deben ser verificadas, que los órganos de investigación judicial, que para el caso de los generales tienen un foro especial, deben realizar la certeza de esas afirmaciones como en efecto lo va hacer la Procuraduría General de la Nación una vez su agente en el proceso le informe al Procurador sobre la veracidad de las afirmaciones que ustedes comentan".
Qué opina de la decisión de Mancuso de buscar contactos con abogados de Estados Unidos para mirar la posibilidad de cumplir la pena allá.
"El Gobierno ha tomado la determinación de suspender las órdenes de extradición y entiendo esa suspensión de la orden de extradición para que la justicia colombiana actúe. Esta gente que se ha desmovilizado, que está en un proceso de sometimiento, debe tener la posibilidad de decirle la verdad al pueblo colombiano".
Señor Maya un tema obligatorio, aunque no en su calidad de procurador, es el relacionado con la familia Araújo, ¿cuál es el ambiente que usted percibe dentro de la misma familia?
"He sido muy respetuoso y claro en el tema de la responsabilidad, de la individualidad, de la responsabilidad que cada uno responda. He sido muy claro, si contra el Procurador General de la Nación hay imputación de alguna clase que se haga de forma inmediata y que cada uno responda".
¿Cómo se ha manejado el tema del doctor Álvaro Araújo Noguera?
"No he tenido intervención en eso, usted sabe que en el único caso en que yo manifesté un impedimento fue admitido, tomé la decisión de que la Procuraduría General de la Nación no interviniera en el caso del gobernador del Cesar por temas de afinidad y consideración de carácter personal, pero en los demás he estado totalmente ajeno dentro del interior de la familia. Si tengo un parentesco de afinidad no voy a entrar en discusión si existe o no, los hechos hablan por sí solos. Es un tema que cada uno, de manera individual, tiene que tratarlo y responderle a la justicia".
Si la familia Araújo le pidiera un concepto en relación con el doctor Álvaro.....
"No, yo no emito conceptos sobre ese tema, ellos lo saben, esa ha sido mi posición desde el primer momento. No doy consejos, cualquier situación que ocurra con ellos como familiares, con cualquier ser humano la lamento, pero hasta ahí llega el tema, es decir, el tema solidaridad e interdicción está totalmente ajeno, yo estoy en un cargo público que exige una autonomía e independencia".
La legitimidad del Congreso
El procurador general Edgardo Maya Villazón también se refirió a la propuesta de revocatoria del Congreso, que se ha ventilado en algunos sectores a propósito de la vinculación de varios legisladores en el proceso sobre parapolítica.
"Ese es un tema que se plantea cada vez que suceden hechos sobre la legitimidad del constituyente primario, pero precisamente la misma ley ha establecido la forma cómo se solucionan esas ausencias y esas impresiones. No toda la institución parlamentaria está implicada en este tema, entonces hay unos parlamentarios que tienen un derecho a la defensa, que no pueden ser estigmatizados porque no han tenido ninguna forma de relación con estos grupos al margen de la ley".
Al responder sobre si en un momento determinado se llegara a comprobar esa relación con los grupos armados, Maya Villazón agregó que "el tema sería de que estuviera todo un Congreso de la República con unas credenciales espurias, originadas en hechos anormales de vinculación a grupos armados que viciaron la voluntad del constituyente primario".
También dio su concepto sobre la participación de los congresistas hoy vinculados por la Corte Suprema en el estudio y aprobación de la Ley de Justicia y Paz,
"Sinceramente creo que si los parlamentarios hubieran tenido siquiera una presunción de que iba a suceder todo esto, pues desde luego que ni siquiera hubieran aprobado la ley. Entonces, creo que en la aprobación de la ley que está surtiendo efectos, que está sobre ellos, que está operando, no solamente porque ellos no estaban en el proceso de Justicia y Paz, lo que tenemos que hacer los órganos institucionales, lo que tiene que hacer la Fiscalía, lo que tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia es poner a operar la ley como lo está haciendo en el momento".
