El desalojo más reciente de habitantes del conjunto residencial Colores de Calasania trae nuevos dramas y dolores que deben mover a las autoridades y la sociedad entera a debatir sobre la importancia de cumplir normas que privilegien la vida por encima de cualquier otro interés en el sector de la construcción.
Sin generalizar, lo que ha sucedido con las cientos de familias que en los últimos seis meses afrontaron desalojos por el riesgo de desplome de sus edificios y de peligros para sus vidas tiene que convocar una profunda reflexión.
En esta última emergencia, tras la cual cerca de 280 familias (770 personas) fueron evacuadas de esa unidad residencial, al occidente de Medellín, sus dramas nos obligan a pensar en el enorme agujero que se les abrió a sus patrimonios y el tiempo y el esfuerzo que llevará recuperarlos poco a poco.
Más allá del acompañamiento que debe prestarles la Administración Municipal y la responsabilidad que le compete a la firma constructora es preciso que de este tipo de hechos se deriven acciones para introducir correctivos en la forma como en la ciudad se planifica, se construye y se vigilan las obras.
Las evacuaciones resultantes de la caída de la Torre 6 del Conjunto Space y luego de los exámenes hechos por expertos, públicos y privados, a varios conjuntos que arrojaron problemas estructurales (de "delgadez" y debilidad de columnas y vigas para soportar cargas muertas, vivas y gravitacionales) significan para Medellín un período de malestar y desconfianza comunitarios en las instituciones que forman la cadena de la construcción (diseño, ejecución y control), en particular de viviendas en altura.
Nunca antes, y hay que repetirlo, la ciudad se vio abocada a un debate tan extenso e intenso respecto de los patrones y protocolos -a más de las normas nacionales existentes- para la producción de vivienda, tal vez el bien más radicalmente asociado al bienestar y la estabilidad de cualquier organización familiar.
Esta problemática y difícil realidad de la compañía CDO frente a sus clientes, y sus eventuales responsabilidades ante el incumplimiento de normas y leyes, nos lleva a advertir la especial protección y cuidado que merecen los ciudadanos en el escenario complejo de la compra-venta de vivienda: un proceso paciente que involucra todos los niveles y actores productivos del núcleo familiar, y a la vez del amplio circuito económico con que se interrelaciona.
Llamar la atención sobre estos dramas recientes tiene como finalidad dimensionar la profundidad de un problema que socavó las bases sicológicas, económicas y de desarrollo y proyección de numerosos grupos familiares asentados en una ciudad acostumbrada a esperar, de sus procesos de desarrollo, altos estándares de calidad de vida.
Tan desafortunados hechos no pueden hacernos olvidar la historia y el compromiso de numerosas firmas constructoras, de arquitectos y de ingenieros, que cumplen a cabalidad con todas sus obligaciones y que nunca han generado ningún conflicto de esta naturaleza.
Colores de Calasania constituye otro doloroso capítulo que nos obliga a mirar más allá de la tragedia ajena, al margen de los actores involucrados, y que demanda una movilización de todos los estamentos involucrados en el sector de la construcción para que Medellín sortee con inteligencia los retos que le ha impuesto tal coyuntura.
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