El Senado de la República facultó ayer al Presidente Juan Manuel Santos para que pueda "crear, escindir y cambiar la naturaleza" de las entidades públicas del orden nacional. La aprobación de esta ley representa el primer paso de una reforma en la administración del Estado.
Con lo anterior, el presidente Santos tendrá seis meses para que decida cuál será el futuro de entidades como el DAS, el Inpec, la DNE, en especial, organismos sobre los que el gobierno ha expresado interés en intervenir e incluso liquidar.
Las facultades, que están incluidas en la misma ley que crea tres ministerios, deberá ser conciliada con la Cámara de Representantes debido a que en el trámite se hicieron modificaciones, y para que pueda ser sancionada deberá unificarse el articulado.
El senador ponente, Juan Manuel Corzo, explicó que la ley es clara en señalar que no se irán a liquidar, en virtud de estas facultades, el Sena, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o el Instituto Caro y Cuervo, entre otros.
Sin embargo el senador del Polo Democrático, Alexander López, declaró que si se liquida el DAS, entidad sobre la cual se especula sería liquidada antes de que se acabe el año, las investigaciones para encontrar a los responsables de las interceptaciones ilegales de llamadas no tendrán su curso.
Por su parte, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, celebró la aprobación de este proyecto y aseguró que las facultades extraordinarias serán ejercidas con el propósito de garantizar la eficiencia en la prestación del servicio público.
"Reitero que este proyecto no tiene, como lo hemos advertido una y otra vez, un criterio fiscalista. Algunas entidades van a transformar su naturaleza jurídica, otras probablemente se escindirán y lo más significativo de todo es que a partir de la aprobación de esta iniciativa, el país nuevamente va a contar con los ministerios de la Justicia, Vivienda y Trabajo, tres carteras fundamentales para la gestión social del presidente Santos".
Vargas Lleras agregó que esta ley garantiza la protección integral de los derechos laborales de las personas vinculadas a las entidades del Estado que sean reestructuradas, liquidadas, extinguidas, fusionadas o suprimidas. "Si fuese estrictamente necesaria la supresión de cargos, los afectados serán reubicados o reincorporados de conformidad con las leyes vigentes".
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