Frente al atroz asesinato de Luis Santiago Lozano por su propio padre, la sociedad colombiana expresó su más enérgico rechazo e indignación. Pero no basta con las manifestaciones de dolor y solidaridad. Es preciso ir más allá y consolidar una conciencia colectiva sobre el debido respeto a los niños y sus derechos, para impedir que se repitan hechos tan inhumanos.
Si bien en el nuevo Código para la Infancia y la Adolescencia se estableció la obligación de garantizar la satisfacción integral y simultánea de los derechos humanos de los menores, en nuestra cotidiana realidad vemos permanentes violaciones de ellos. Lo que comprueba una vez más que con las solas leyes no se erradica el delito ni se mejora la sociedad per se.
El país está en mora de propiciar una política de Estado para combatir las causas de la degradación moral que viven muchas familias colombianas, donde campea el desprecio por la vida y se dan toda clase de violencias. Es urgente una reflexión nacional sobre la descomposición familiar y social, y diseñar una efectiva campaña educativa sobre valores esenciales, para volver a lo fundamental: al respeto por los niños, por el otro, por la familia, por la sociedad en pleno.
Al mismo tiempo que se hace la reflexión anterior, se debe decidir sobre el endurecimiento de las penas como factor disuasivo del crimen. Por eso vemos conveniente el debate planteado sobre el establecimiento de la cadena perpetua en Colombia, para los delitos que vulneren los derechos fundamentales de los menores de 14 años, propuesta presentada en la Cámara de Representantes por los voceros de los partidos políticos.
En sentido similar se avanza en un referendo para consultar a los ciudadanos si aprueban o no la cadena perpetua para los violadores, secuestradores y asesinos de los menores, iniciativa que apoyamos y consideramos valiosa, dado el caso de que no salga avante la reforma constitucional en el Congreso, como ya ha sucedido en tres ocasiones anteriores.
Ya se escuchan algunas voces que consideran que el aumento de las penas no es política adecuada de prevención. Nosotros sí somos partidarios de una pena rigurosa e inflexible para quien cometa actos contra la vida y su dignidad, realizados con alevosía y que reflejen cinismo y una escalofriante maldad.
El progenitor de Luis Santiago merecería la pena de muerte, pero conforme a nuestros principios religiosos y éticos no estamos de acuerdo con ella, por lo que consideramos que su condena debe ser la cadena perpetua, sin el más mínimo beneficio legal y en las más estrictas condiciones de reclusión.
Creemos que aún en el caso de que las sanciones mayores no impidan que se cometan los delitos, también está comprobado científicamente que la gran mayoría de los violadores y abusadores de niños no se redimen y que vuelven a cometer esta clase de horrores.
Lo mínimo que puede hacer una sociedad civilizada es cuidar con suma diligencia a sus menores, separando a quienes son un grave peligro para ellos. Lo contrario sería faltar al deber sagrado de proteger lo más preciado, el derecho a la vida de quienes son el futuro de la humanidad.
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