A un mes de cumplirse cinco años de la ley de Justicia y Paz, el alto comisionado para la Paz, Frank Pearl, destacó que los crímenes confesados por paramilitares y guerrilleros desmovilizados en Justicia y Paz ya suman 22.419, pero reconoció que aún hay dificultades para cumplirles a las víctimas.
El funcionario, quien está próximo a dejar el cargo y salir del país, presentó un balance con los avances obtenidos hasta ahora por este proceso y los retos venideros.
"Su aplicación ha permitido conocer la comisión de 40.455 hechos y la confesión de 22.419 crímenes", aseguró el Alto Comisionado para la Paz durante la presentación del informe en Bogotá.
Respecto de las críticas por la falta de condenas contra desmovilizados y otras como la ineficacia para la restitución de las tierras a las víctimas, Pearl manifestó que "contrario a lo que muchos dicen, esta Ley es para las víctimas. Alrededor de 308.000 de ellas han sido reparadas".
Destacó como un resultado positivo el hecho de que "de 2.579 fosas comunes han sido exhumados 3.131 restos, de los cuales 1.049 han sido identificados y entregados a sus familias; cosa que no se había podido hacer antes de la vigencia de esta Ley".
Pearl también se refirió a los esfuerzos de los fiscales encargados de recuperar los cuerpos en fosas comunes, en zonas con presencia de grupos armados ilegales. "Cuando un fiscal tiene que ir a buscar los cuerpos y vuelve con más de 50 tiros impactados en la camioneta que los transporta, entonces se puede decir que las labores de la Fiscalía son de héroes".
Por su parte, el Jefe de la Unidad para la Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González, destacó que gracias a la Ley 975, se abrieron investigaciones contra 47 representantes a la Cámara, 42 senadores y 328 uniformados por sus vínculos con paramilitares, "lo que demuestra que la Justicia sí avanza".
A pesar de los logros, Pearl reconoció las dificultades del proceso. "Justicia y Paz no es una ley perfecta y tampoco es una fórmula mágica que permite la reconciliación de un día para otro".
Los retos que faltan
El Alto Comisionado aseguró que entre los desafíos que enfrenta esta ley está la prórroga temporal y la coordinación institucional para mejorar la atención y la seguridad de víctimas amenazadas por reclamar sus derechos.
Según asociaciones de víctimas, cerca de 25 representantes han sido asesinados por liderar reclamaciones, en especial de tierras usurpadas por grupos paramilitares.
Pearl aseguró que también hay que afinar más los mecanismos de cooperación judicial con Estados Unidos para garantizar que los ex comandantes extraditados de las Auc revelen la verdad.
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