Un total de 50 organizaciones sociales y de víctimas de crímenes cometidos por la Fuerza Pública cuestionaron el Decreto 706 del Gobierno Nacional, que permite a la Fiscalía General de la Nación levantar las medidas de aseguramiento y suspender las órdenes de captura que estén vigentes en contra de los integrantes de la Fuerza Pública que estén procesados por hechos ocurridos en el marco del conflicto.
Como justificación del decreto, se señaló que el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, ha manifestado que existe un vacío frente a los miembros de la Fuerza Pública en comparación con los beneficios que son otorgados a los miembros de las Farc relacionados con la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura.
Las organizaciones sociales señalaron que, aunque el Acuerdo Final reconoce un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico a los agentes del Estado, la posición del Fiscal busca un trato igual que a los guerrilleros, desconociendo el deber de garante hacia la población que tienen los agentes del Estado.
“Lo anterior no es un capricho de las organizaciones de derechos humanos, ni mucho menos del legislador o el constituyente, sino un estándar internacional y constitucional, que tiene por finalidad diferenciar el grado de las responsabilidades de quienes, teniendo la función de proteger los derechos de la población, atentan deliberadamente contra esta”, indicaron en un comunicado.
Para las organizaciones, no puede calificarse de equitativo la suspensión de las órdenes de captura frente a los integrantes de las Farc, porque los guerrilleros se encuentran en Zonas Veredales Transitorias de Normalización, ZVTN, bajo observación del mecanismo de monitoreo.
Igualmente, consideraron que la medida es contradictoria con la Ley de Amnistía, porque allí se disponía que las libertades de los miembros de la fuerza pública procesados por delitos graves sólo podían hacerse efectivas de manera transitoria y condicionada, cuando hubieren cumplido cinco años de privación efectiva de la libertad, bien sea porque se encontraban condenados o porque pesaba en su contra una medida de aseguramiento.
“Suspender las órdenes de captura de los agentes de la Fuerza Pública no supone un tratamiento diferenciado sino un beneficio arbitrario a quienes deliberadamente nunca comparecieron al proceso penal o decidieron ser prófugos de la justicia. Es incluso una medida que vulnera el principio de igualdad entre los propios integrantes de la Fuerza Pública que están efectivamente privados de la libertad”, dice el comunicado.
Para las organizaciones, el decreto termina vulnerando a las víctimas de agentes del Estado, estaría desestimulando la labor de los Fiscales para continuar con las investigaciones que adelanta y provocando impunidad.
“Estas disposiciones legales pretenden configurar una política más amplia para asegurar que los instrumentos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición garanticen la impunidad de los crímenes de Estado y de sus cómplices”, dice el texto.
El decreto
El decreto 706 de 2017, firmado por los ministros de Justicia, Enrique Gil Botero; y de Defensa, Luis Carlos Villegas, señala que esto es posible para “hacer efectivo el tratamiento simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo” que tiene el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, aprobado en el Congreso.
