Con respecto al decreto que permitirá en las próximas semanas que unos 4.000 presos en el país vayan a prisión domiciliaria transitoria para mitigar el contagio de coronavirus en las cárceles, los internos han optado por acudir a la acción de tutela para que sus derechos fundamentales a la salud y a la vida les sean amparados por los jueces.
Así fue el caso de Omar Lorenzo Camargo Almanza, recluso de la Cárcel de Villavicencio, quien solicitó la sustitución de la medida intramural por prisión domiciliaria tan pronto se conoció el brote de covid-19 en ese establecimiento y la medida había sido negada por un juez de ejecución de penas.
El interno se sentía en especial grado de riesgo, ya que padece cinco enfermedades que pueden agravarse si contrajera el virus.
Sin embargo, en el transcurso del trámite de la tutela, Camargo Almanza fue diagnosticado con covid-19, por lo que su solicitud cambió a aislamiento digno hospitalario.
La magistrada Patricia Rodríguez, del Tribunal Superior de Villavicencio, consideró que no solo la vida y la salud del accionante debía ser protegida, sino del pleno de sus compañeros en la cárcel de la capital del Meta.
Por eso ordenó al director de la cárcel, al Inpec, a la EPS Famisanar y a la Uspec garantizar el aislamiento digno de todos los reclusos que sean diagnosticados con coronavirus, una vez se realicen pruebas rápidas a todos los que estén en riesgo; además, que les provean los elementos de bioseguridad necesarios para garantizar la mitigación del contagio en el establecimiento penal.
