Los integrantes de la Unión Patriótica (UP) celebraron el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que responsabilizó al Estado colombiano por el exterminio de más de 6.000 integrantes de ese partido.
La senadora Aída Avella, presidenta de esa colectividad y quien estuvo exiliada durante 17 años por la persecución contra ese grupo político, resaltó que “después de 29 años de trabajo incansable de la Corporación Reiniciar se reconoce que en una supuesta democracia asesinaron a nuestros compañeros y compañeras militantes y simpatizantes”.
Esa organización fue la encargada de llevar ante los estrados internacionales las denuncias sobre las intimidaciones, persecuciones y homicidios a los militantes del partido que nació en 1985 después de un acuerdo de paz entre exfarc y el Gobierno de Belisario Betancur.
La Corte IDH detalló que hubo por el “plan de exterminio” de la UP implementado a través de diversas violaciones a los derechos humanos de unos 6.000 integrantes y militantes durante más de dos décadas a partir de mediados de los años ochenta.
La ministra de Cultura, Patricia Ariza, quien también pertenece a esa colectividad, celebró el fallo apuntando que “¡teníamos la razón! Sobrevivirá la justicia, sobrevivirá el afecto. Las víctimas y sobrevivientes mantendremos viva la memoria”.
Por su parte, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda sostuvo que esta es “una sentencia que sin lugar a dudas hace justicia. Tres décadas de lucha de las víctimas se constituye en un precedente para que en el futuro en Colombia no se vuelva a repetir un genocidio político”.
El legislador resaltó que “esta decisión dice claramente que el Estado ha tenido responsabilidad en ese exterminio y dicta una serie de medidas de reparación, verdad y justicia que son fundamentales”.
El presidente Gustavo Petro se sumó a la lista de celebraciones aseverando que “un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio”.
El fallo de la Corte IDH contra el Estado colombiano
“La Corte pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica, la cual perduró por más de dos décadas y se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano, se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros”, indicó el Tribunal.
Según la sentencia, los actos cometidos por el Estado “constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad”.
“Como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP”, indica la sentencia.
La CorteIDH, con sede en Costa Rica, notificó este lunes la sentencia a las partes e indicó que valoró positivamente un reconocimiento parcial de responsabilidad hecho por el Estado, como una herramienta para el desarrollo del proceso, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención y a la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas.
El Estado deberá efectuar una búsqueda para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Además, debe establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica y efectuar actividades para su difusión, entre ellas en escuelas y colegios públicos, así como construir un monumento en memoria de las víctimas, y elaborar un documental audiovisual sobre la violencia y estigmatización contra la UP.
Esta fue la lectura del fallo de la Corte IDH en el caso de la UP contra el Estado:
