En las elecciones regionales de 2015, por lo menos 1.200.000 ciudadanos se quedaron sin votar por ser, supuestamente, trashumantes. El problema, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), se presentó en 1.100 municipios. A comienzos de octubre anularon 1.605.000 inscripciones de cédulas (167.092 en Antioquia). Ante la cantidad de quejas que se estaban presentando, el CNE decidió reversar la decisión en Bogotá, dándole vía a libre a 71.472 personas para que votaran. Como las críticas iban más allá de la capital, dos días antes de elecciones el CNE decidió reversar la decisión para que 259.000 ciudadanos votaran.
Pero estos intentos por remediar lo sucedido no fueron suficientes. La Registraduría no alcanzó a notificarles a todos los ciudadanos que estaban habilitados para votar. De hecho, actualmente cursan decenas de tutelas en contra del CNE por violar el derecho a votar. Este episodio demostró que establecer si un ciudadano es trashumante se convirtió en un dolor de cabeza para el organismo. Este año intentó, con nuevas reglas que decretó el Ministerio del Interior, analizar las bases de datos del Estado para verificar si un ciudadano iba a votar en su municipio de residencia. Este proceso no coincidió en muchos casos y el problema llegó a oídos de la Misión Electoral de la OEA, organización que pidió claridad.
Hubo presión
Sin embargo, el CNE no fue el único responsable de este desorden. El magistrado Armando Novoa le dijo a EL COLOMBIANO que “el Mininterior ejerció presión para combatir la trashumancia sin respetar la autonomía. El Ministerio expidió el decreto 1294 sin consultar con la sala plena del CNE”. Este decreto fue el que estableció la metodología de cruzar bases de datos del Estado para verificar si el ciudadano inscrito sí residía en el municipio donde iba a votar. Agregó Novoa que “en este proceso también hubo responsabilidad del Ministerio por no hacer las gestiones para que las bases de datos del Gobierno se entregaran a tiempo”. Y tampoco, la Registraduría y el CNE crearon un grupo interdisciplinario para confrontar las bases de datos, obligación que aparece en la Resolución 0333.
La tensión entre el Ministerio del Interior y el CNE comenzó a finales de febrero. EL COLOMBIANO conoció un oficio firmado por los magistrados Héctor Helí Rojas, Alexander Vega, Bernardo Franco, Ángela Hernández y Armando Novoa que llama la atención sobre el decreto que se preparaba: “De expedirse el decreto en los términos, el Gobierno Nacional estaría desconociendo que es el CNE el organismo competente para velar por el desarrollo de los procesos electorales”. Desde entonces, los magistrados advirtieron que existen medidas que se debieron tomar con un tiempo prudencial, como “dotar al CNE de un software que permita auditar los datos del censo electoral que le suministra la Registraduría Nacional y tomar medidas para diversificar las fuentes para el cruce de base de datos”.
A este documento se suma otra constancia en donde quedaron registradas las observaciones del CNE al decreto del Ministerio. Una de ellas tuvo que ver con el hecho de que le delegara a la Registraduría el cruce de las bases de datos. “Esta facultad entrega a la Registraduría un sistema de recaudo de pruebas, sistema que se encuentra entre las atribuciones de reglamentación que tiene el CNE”. La situación empeoró en julio pasado, cuando el ministro Juan Fernando Cristo, anunció que se habían anulado las primeras inscripciones de cédula por trashumancia en Meta. El CNE radicó una constancia desmintiendo al ministro.
Mininterior responde
La percepción del Ministerio del Interior sobre la anulación de la inscripción de cédulas es muy diferente. Ana María Almario, directora para la Democracia del Ministerio, defendió las decisiones que tomaron: “el decreto que expedimos fue positivo. La gente se desplazó a las urnas, votó y no hubo disturbios por trashumancia”. Almario dijo que “el decreto que expidió el Ministerio es útil en la medida en que brinda herramientas para que el CNE pueda contar con pruebas técnicas para identificar los casos de trashumancia”.
El problema, según fuentes del CNE, es que esta metodología se tuvo que aplicar en menos de dos meses. Las personas “trashumantes” fueron notificadas solo una semana antes de las elecciones. Almario respondió que “para cambiar estos tiempos tocaría hacer una reforma política, tramitar una ley estatutaria. Sin embargo estamos satisfechos porque no era posible que en un año 4 millones de personas se hubieran mudado de municipio, es claro que había casos de trashumancia y lo logramos evitar. Por supuesto que ha habido premura, pero las instituciones hicieron su labor lo más ágil posible”.
