El Sisbén IV se puede convertir en una bomba social en los municipios auríferos, ya que en ellos hay gran potencial de generación de ingresos, una de las principales variables que alimenta la nueva base de datos que está en uso desde el pasado 5 de marzo.
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DPN), el Sisbén IV está siendo actualizado por 23 fuentes de datos del Gobierno Nacional, entre las que se cuentan las de declarantes de impuestos de la Dian. Esa información exógena, más la encuesta realizada a cada uno de los hogares, da como resultado la categorización en el Sisbén de cada persona, y con base en ello se definen quiénes son los candidatos a los programas sociales. (ver ¿Cómo funciona?)
“En esta cuarta versión del Sisbén se tiene en cuenta tanto la calidad de vida como la capacidad de generación de ingresos de los hogares”, expresó Daniel Gómez, subdirector general sectorial del DPN.
Y es ahí donde las zonas auríferas se podrán ver más afectadas, porque los mineros de subsistencia (barequeros y chatarreros), para ser considerados como tales, requieren tener el Registro Único Tributario (RUT) para vender su producción, y todas las transacciones que realizan quedan registradas ante la Dian.
De hecho Génesis, el sistema de la Agencia Nacional de Minería (ANM), se actualizó el año pasado y exige que los mineros de subsistencia se inscriban ante los alcaldes con su documento de identidad, el carné del Sisbén, el RUT y el permiso del dueño de la propiedad objeto de explotación si aplica.
“Si un minero de subsistencia vende los 420 gramos de oro en el año (que es el cupo máximo que puede comercializar), le pagan más de $65 millones en el año. Con ese ingreso, inmediatamente es declarante de renta y se reclasifica en un nivel de no vulnerable”, explicó Carlos Andrés Mejía, fundador de la estrategia Trazoro, que busca darle trazabilidad a la cadena de suministro del oro en Colombia. (ver Claves)
La ilegalidad del negocio
El problema es que muchas de esas transacciones, como ya lo han establecido la Fiscalía y la misma Dian, no fueron legales sino producto de la suplantación o de la negociación de documentos para la venta de cupos de oro y en realidad quien aparece soportando la venta no recibió el dinero.
Didier Alexánder Osorio, alcalde de Segovia, explicó que “hay mineros que escasamente pueden ganar unos mínimos fiscales para sobrevivir, lo que ha pasado es que inescrupulosos han abusado y traficado con los documentos de estas personas e inclusive les han comprado el cupo, pero esos hogares no han recibido esos millonarios ingresos que les aparecen registrados”.
Ante esa realidad, Mejía planteó dos panoramas: el primero es “si esa persona es la que sacó los $65 millones en oro, se necesita que alguien público o privado les ayude a planear qué hacer en su proyecto de vida y le explique que su actividad al ser de tan altos ingresos”.
El segundo se da si hubo suplantación o alguna otra estrategia ilegal para llenar el cupo de oro, “esta persona va a quedar ‘rico’ en el papel y cada vez más pobre, porque va a tener que demostrar que no transó esa cantidad de dinero o será excluido de los programas sociales y subsidios del Estado”.
Municipios afectados
Mientras tanto, las condiciones sociales de los municipio podrían empeorar, ya que muchos de sus pobladores dejarían de recibir beneficios sociales, pese a que las condiciones de vulnerabilidad sigan existiendo.
Y es que el Sisbén surte de información a las entidades del Estado responsables de programas como: la Atención a la Primera Infancia, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Ingreso solidario, devolución del IVA, adjudicación de baldíos y el Régimen Subsidiado de Salud, entre muchas otras.
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