En días en que se habla de la posible desaparición o transformación del Consejo Nacional Electoral (CNE), para darle paso a la reforma política fijada en el Acuerdo de La Habana, esta institución asume el desafío más importante desde el Proceso 8000, en el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998).
Ante la demanda que hace ahora la opinión pública, sacudida de nuevo por la clase política, deberá aclarar, en el mínimo tiempo posible, si Odebrecht sí aportó 1,6 millones de dólares a Eduardo Mendonça y si la gerencia de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos, a su vez, recibió 1 millón de dólares de esta constructora.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, explicó que no tenía competencia en asuntos electorales, y que por esto la indagatoria sobre la campaña de Santos, que tendría consecuencias administrativas y no penales, quedaba en manos del CNE.
Ayer, en sala plena, el presidente del CNE, el magistrado Alexander Vega, hizo reparto de las investigaciones. La magistrada Ángela Hernández se encargará del caso Santos, mientras que el magistrado Carlos Camargo el de Zuluaga.
¿Qué hará?
Un magistrado del CNE, que pidió no ser citado para evitar una recusación, dijo que esperaba un trámite más expedito, porque ante la importancia del caso, el reglamento prevé que el proceso puede tener más de un ponente, y de esta manera agilizar la indagación”.
Recordó que no es la primera vez que el CNE investiga una campaña presidencial, que lo hizo cuando se dieron las denuncias de ingresos de recursos del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper, y que, incluso, las dos campañas presidenciales de 2014 tienen investigaciones abiertas en curso por otros asuntos.
Por su parte el magistrado Armando Novoa, quien está a la espera de resolver una recusación por referirse al caso de estudio, le dijo a este diario que apenas van a conocer las piezas investigativas.
“No hay un término específico para presentar un proyecto a consideración de la Sala, pero dada la trascendencia del asunto esperaría que esto se hiciera en el menor tiempo posible, respetando el debido proceso y el derecho de defensa. La ley 1475 establece un procedimiento investigativo y sancionatorio y tenemos que atenernos a él”.
Las dudas
Como lo conocemos hoy, el CNE es hijo de la Constitución de 1991. El Acto Legislativo 01 de 2003 determinó que debe estar compuesto por nueve personas, elegidas por el Congreso de la República para un período de cuatro años, previa postulación de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.
Así las cosas, de los actuales magistrados don están en representación de La U, dos por el Partido Conservador, dos por el Partido Liberal, uno por Cambio Radical, otro por el Centro Democrático, y un último por las minorías.
Ante este panorama, para Yann Basset. director del Observatorio de Procesos Electorales del Rosario, precisó que el CNE no es independiente y no tiene capacidad para investigar con seriedad. “Si el asunto queda en manos del CNE, sencillamente no va a pasar nada. Sus nombramientos resultan de negociaciones políticas entre partidos”.
Para Andrés Úsuga, docente de Derecho Constitucional de Bolivariana, “el fiscal se lavó las manos luego de un jalón de orejas de Santos” enviando ambos casos al CNE, porque pueden estar ante otros delitos penales. “Son nueve señores nombrados por los partidos, allá no va a pasar nada. La sanción administrativa sería inocua, una multa mínima a la campaña de Santos y Zuluaga”.
Par Olga Illera, decana de Ciencia Política de la Universidad Jorge Tadeo, el CNE es el órgano que tiene como función regular los procedimientos electorales, y que es posible que establezca sanciones, multas, del uno al 10 por ciento de lo desembolsado en la campaña, o pida la totalidad.
¿Quién es Andrés Giraldo?
El exsenador Otto Bula, capturado el pasado 14 de enero por recibir 4,6 millones de dólares de sobornos de Odebrecht, le dijo a la Fiscalía que él le entregó un millón de dólares al empresario Andrés Giraldo, cercano al gerente de la campaña ‘Santos Presidente 2014’, Roberto Prieto.
Martínez explicó que el supuesto pago se realizó en los primeros meses de 2014, previo a las elecciones en las que se enfrentó con Zuluaga en segunda vuelta. Agregó que Bula no entregó documentación que soporte la denuncia, pero que ya identificaron la cadena de giros desde el exterior y los destinatarios.
Sobre si Giraldo fue su puente con Bula, Roberto Prieto le dijo a EL COLOMBIANO que no manejó enlaces, “para nada. Lo que dicen es una infamia. Urdieron un tema macabro. El mismo modus operandi del caso de los 12 millones (de dólares), ahora involucrando un amigo personal que nada tiene que ver”. Agregó que se está enfrentando a un “paramilitar de la peor clase, perteneciente a la mafia dura de Córdoba. Qué susto”.
Al respecto, el excongresista Augusto Posada, gerente de la campaña de reelección de Santos en Antioquia, afirmó que no conoció a ningún Andrés Giraldo en ninguna actividad de la campaña, y que su relación fue directamente con Prieto y el expresidente César Gaviria, en lo político.
“La parte financiera la manejaron Prieto y Enrique Riveira, actual secretario privado del presidente Santos. La gerencia de una campaña regional consiste en la coordinación de los congresistas”.
Este diario indagó con otros dirigentes políticos y a algunos empresarios, pero todos afirmaron que conocían a Giraldo.
“Hubo dos transacciones”
Según el fiscal, Bula declaró bajo gravedad de juramento, en su condición de indiciado, que el dinero proveniente de Odebrecht fue entregado a Giraldo en dos transacciones de 500 mil dólares. Del millón de dólares se descontó un 10 % (100 mil dólares), destinado a los intermediarios en Colombia; igualmente Bula cobró 200 millones de pesos.
En declaraciones a la Fiscalía, Bula afirmó que le entregó la segunda consignación a Giraldo en el mismo restaurante de un hotel, en Bogotá, y que luego de cenar se retiró, y en esas hizo su ingreso Prieto, muy cercano a Giraldo.
A Comisión de Acusaciones
A raíz de esta denuncia, el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), radicó ante la Comisión de Acusaciones una denuncia contra Santos. Con esta son 30 en total que tiene el mandatario.
“Es un momento muy difícil para el país lo que estamos viviendo. Es muy grave y se deben investigar las conductas penales y administrativas, como también las disciplinarias”, indicó Prada.
Para contrarrestar los ataques políticos provenientes de diversas orillas, el gabinete en pleno firmó una carta en el que respaldan la gestión y la integridad del mandatario.
“Resulta absurdo e inaceptable que personajes de dudosa reputación, con una simple declaración sin prueba alguna, pretendan enlodar la campaña presidencial de 2014, como se pretendió hacerlo también sin éxito con la de 2010. Como consta en los libros contables de la campaña registrados ante el CNE, la campaña no recibió financiación por parte de particulares, ya que la totalidad de la misma se financió con recursos provenientes de los anticipos y reembolsos establecidos en la Ley”.
Los posible delitos
La ley 1474 de 2011 establece que el particular puede financiar la campañas, pero que si se excede del el 2,5 por ciento del valor total de esta, se inhabilitaría para contratar con entidades públicas en el nivel en el que haya sido elegido el candidato apoyado.
Por esta razón Ernesto Matallana, doctor en Derecho Público y docente del Externado, dijo que no ve ningún problema en las denuncias que tienen ambas campañas pues estas donaciones están en el ordenamiento jurídico.
“Lo que hizo la ley anticorrupción fue validar algo que ya venía haciéndose, que los constructores financiaran campañas. Ahora que Odebrecht está descalificado no se puede descalificar el financiamiento que dieron cuando tenía buena reputación. No es grave ni reprochable. Al parecer financiaron las dos campañas, y eso no es nuevo. El grupo Santo Domingo lo ha hecho, Bavaria, entre otros”.
No obstante el magistrado Vega que no se comprometió con tiempos pero aclaró que van a demostrar dos cosas: si se omitió un gasto de campaña y si en su defecto ese gasto de campaña provino de alguna empresa extranjera.
“La Fiscalía se comprometió a que entre el convenio que hay de cooperación con la Fiscalía brasileña se va a solicitar dentro de la investigación penal las pruebas de si ese pago existió”. La próxima semana varios magistrados de CNE viajarán a Brasil, al igual que el fiscal Martínez, para buscar pruebas con las autoridades de esa nación.
Mientras el país conoce el avance de la investigación, en ambas campañas tratarán de demostrar su inocencia y la culpa del otro.
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