Información de inteligencia militar colombiana habría sido clave para los ataques en los que asesinaron a alias Romaña y El Paisa en Venezuela. Esa y la versión de un ataque ejecutado por disidentes subordinados de El Paisa, se suman a las hipótesis de una narcoguerra contra “Gentil Duarte” y a mercenarios cazarrecompensas detrás de los golpes para acabar con la Segunda Marquetalia.
Aunque las autoridades militares del país niegan la intervención militar y el silencio reina en la nación vecina, otras voces no descartan de tajo una coordinación desde Colombia para una ofensiva contra los desertores del acuerdo de paz más buscados del país. Esto luego de que las mismas disidencias decían que la caída de “Jesús Santrich”, en mayo del 2021, se había dado en una “emboscada” del Ejército.
Pero esa muerte, ni las de “Romaña” y “El Paisa”, fueron ‘cobradas’ por el Gobierno Nacional, como sí ha ocurrido con otros objetivos militares de gran impacto, como el caso de alias Fabián del Eln en Chocó o la captura de Otoniel, cabecilla del Clan del Golfo, en Antioquia, lo que deja sin suficientes argumentos tales señalamientos que, de ser ciertos, serían un golpe contundente para el récord de los encargados de la seguridad nacional.
Fuentes de inteligencia consultadas por EL COLOMBIANO dicen que no hay pruebas claras para hablar de presencia de militares detrás de estas ofensivas, y una alerta de ello es la falta de evidencias audiovisuales, que sí han quedado documentadas en otros operativos.
“En Colombia ha hecho carrera que algunos mandos medios narran la inteligencia de operaciones exitosas, en este caso ya se habría filtrado información, por el uso de celulares y avances tecnológicos”, advierte Jhon Marulanda, presidente de Acore.
También se habla del posible uso del gasto reservado de las fuerzas armadas y su relación con los mercenarios cazarrecompensas, pero sobre este rubro hay mucho recelo al interior de la institución, debido a las denuncias de irregularidades que en el pasado han llamado la atención de las autoridades. De hecho, la Procuraduría archivó en junio de este año un proceso sobre mal gasto de dineros reservados por falta de pruebas.