Dos meses después de que el Galeón San José fuera declarado Bien de Interés Cultural (BIC) la contratación hecha para su extracción, mediante una Alianza Público Privada (APP) sigue abierta. Un acuerdo en el que se convino que parte del pago a Maritime Archaeology Consultants (MAC) se haría con parte de lo hallado bajo el agua.
Esta situación motivó a que el veedor Francisco Muñoz radicara ante la Fiscalía, el pasado 28 de enero, una denuncia contra la ministra de Cultura Carmen Inés Vásquez y contra el representante legal de MAC, Ross Kevin Hyett.
Para declarar al Galeón como BIC, el Gobierno se amparó en la Ley 1675 de 2013. Pero la APP riñe con esta norma que, en su artículo 15, define que “si de la actividad de la exploración se determina que el hallazgo está constituido exclusivamente, o hasta en un 80%, por bienes que hagan parte del Patrimonio Cultural de la Nación (...) la remuneración al contratista no superará el 50 % del valor equivalente a las especies rescatadas”. En otras palabras, que, al ser patrimonio, no se puede entregar a privados nada de lo rescatado.
El galeón, un patrimonio
El 19 de diciembre se reunió el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. La intención del encuentro era definir si el Galeón San José –en su totalidad– debía ser declarado como un Bien de Interés Cultural. Lo que, en efecto, ocurrió.
Tras debatir si los restos del barco hundido hace más de tres siglos, en 1708 en las costas de Cartagena cuando fue atacado por barcos ingleses, el Consejo concluyó que “la singularidad del hallazgo del pecio del Galeón San José, lo hace único y especial”. Por eso, y para “asegurar a las generaciones futuras la conservación de su unidad”, el Galeón se convirtió en patrimonio.
El 23 de enero, poco más de un mes de la reunión del Consejo, el Ministerio de Cultura hizo pública la resolución. Y ahí pudo terminar la historia.
La demanda
Sin embargo, cinco días después de la declaración como BIC del Galeón, Francisco Muñoz, representante de la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido, demandó al Ministerio de Cultura y a MAC.
Esto por la supuesta comisión de cuatro delitos: peculado por apropiación, falsedad en documento privado, fraude procesal y delitos contra el patrimonio cultural sumergido. Todo apuntando a que la APP con MAC sigue vigente, algo que, a consideración de Muñoz, es un despropósito.
La demanda, conocida por EL COLOMBIANO, señala que “dicha declaratoria fulmina la APP, pues en su totalidad constituye un Bien de Interés Cultural. Por lo anterior, es inquietante que el Ministerio de Cultura persista en mantener activa la cuestionada APP”.
“El Ministerio de Cultura mantiene activa la Asociación Público Privada (...) proceso contractual en el cual pretende remunerar hasta con el 45 % de los bienes”, se lee en el documento.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien se ha encargado de todo lo concerniente al Galeón San José, respondió a EL COLOMBIANO que, por los cambios en las condiciones de juego, se está negociando la APP “bajo los parámetros establecidos en el artículo 15, numeral 3 de la Ley de Patrimonio Cultural Sumergido. Esta negociación tiene dos aspectos: Uno técnico, el cual está a cargo del ICANH, y está en pleno desarrollo. Y el segundo, financiero, del que debe analizarse la situación del modelo presentado en la APP y compaginarlo con el hecho de que por ser patrimonio cultural no se entregarán piezas del hallazgo como parte de pago”.
Pero al buscar en el Secop, se encuentra que la APP continúa abierta con las condiciones establecidas antes de que el Galeón fuera patrimonio. Incluso, el último cambio, el 9 de octubre de 2019, fue la decisión de reanudarla, mediante la resolución 3159, pues se encontraba suspendida desde el 10 de agosto de 2018, para el Gobierno analizar las solicitudes pendientes sobre el proceso.
En la demanda, Muñoz también dice que hubo supuestas irregularidades en la conformación de la APP en 2017. En el recurso se relata que se presentó “una presunta comisión de actos delictivos que podrían involucrar (a) personas indeterminadas tanto en el Ministerio de Cultura de Colombia como en la firma extranjera MAC”.
Una de las supuestas irregularidades denunciadas habría ocurrido en 2015. Ese año, la firma MAC alquiló a la Dirección General Marítima de Colombia (Dimar) dos embarcaciones para explorar la zona en la que se suponía se encontraba sumergido el barco.
El costo total del alquiler de una de esas embarcaciones era de US$342.225 ($1.002 millones al cambio de la época). Sin embargo, por el tiempo en el que usó el barco, fue más lo que pagó MAC que lo que ejecutó. Por eso, cuando se liquidó el contrato, se acordó que –de formularse la APP, como eventualmente pasó– se reintegrarían 311 millones de pesos.
Pero en el informe de evaluación de los costos de estructuración de la APP, que fue aprobado por el Ministerio, se permitió el reintegro total de lo que costó la embarcación y no el valor acordado en la liquidación del contrato.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el veedor afirmó que “si el Gobierno declara el Galeón un Bien de Interés Cultural, automáticamente, la APP se destruye porque el medio de pago de esa alianza es el San José. Es preocupante que el Gobierno entre en semejante contradicción”.
No obstante, la vicepresidenta aseguró que lo que busca el Gobierno es proteger el patrimonio colombiano. En cuanto a la demanda, precisó que “lo único que busca principalmente es la protección del patrimonio arqueológico, lo cual se logró por parte del Estado con la declaratoria como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional del Galeón”.
Adicionalmente, en una rueda de prensa realizada el 27 de diciembre, Ramírez dijo sobre la APP que va a “seguir adelante en la negociación tendiente a que la extracción del Galeón se haga con la firma que corresponda, bien sea MAC o una tercera en condiciones diferentes a las planteadas inicialmente”.
EL COLOMBIANO buscó a Luis Felipe Barrios, representante legal de MAC en Colombia, pero desde la empresa explicaron a este medio que, como el proceso judicial apenas inicia, no habrá un pronunciamiento al respecto.
Lo que sigue
Los argumentos que originaron la demanda no son nuevos. En el acta de la reunión del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de la sesión para declarar al Galeón como BIC, se lee cómo varios consejeros tenían reparos sobre la APP.
“Los consejeros manifiestan su preocupación en varios aspectos. El primero de ellos, consistente en las implicaciones que tendría esta declaratoria para el proceso de adjudicación de la APP, teniendo en cuenta que parte de lo que esperaban como pago incluía aquello que no se considerara como patrimonio cultural”.
Sin embargo, a renglón seguido se señala lo que puede considerarse como una decisión salomónica, al explicar que “no habrá pago con especies, sino por el contrario, se valorarán y ese valor se tendrá en cuenta para la remuneración al contratista, que no superará el 50 % del valor equivalente a las especies rescatadas”.
Cuando se anunció que se declararía al Galeón como BIC, el gobierno afirmó que “con esta medida, ni una sola astilla, ni una sola vasija, ni una sola moneda, ni una sola piedra, nada de lo que está en la zona del naufragio, podrá ser comercializado”. Además, la vicepresidenta calificó como “lamentable” que el acuerdo de pago incluyera parte del patrimonio.
Así, el futuro del rescate, y el Galeón, siguen bajo el agua.
