El retiro voluntario de 32 oficiales de la Policía Nacional despertó suspicacias en algunos sectores de la opinión pública, sobretodo por las posibles razones que tuvieron para pedir la baja en momentos en los que la Institución es cuestionada por su supuesta inacción contra el crimen.
La polémica comenzó en la madrugada de este viernes, cuando por redes sociales circuló una resolución del Ministerio de Defensa (N°0664 de 2023), en la cual se ordenó el retiro del servicio activo de cinco coroneles, 15 mayores, tres capitanes, cinco tenientes y cuatro subtenientes.
El documento precisó que los uniformados pidieron su retiro de manera voluntaria y por “solicitud propia”, y que el 10 de enero del presente año la Junta Asesora del MinDefensa para la Policía le había recomendado al Gobierno aceptar dichas solicitudes.
La resolución está fechada el 7 de marzo de 2023, con la firma del ministro Iván Velásquez, y en ella quedó en firme el retiro del servicio activo de los 32 policías.
Las razones para haber solicitado el despido pueden ser bastante diversas. Los coroneles y 14 de los 15 mayores, por ejemplo, llevaban más de 20 años de trabajo; aunque llama la atención la temprana salida de los subtenientes y tenientes, algunos recién egresados de las escuelas o con menos de cuatro años de servicio.
Sin conocer los detalles a fondo, este hecho fue relacionado con la llamada “barrida” de altos oficiales que produjo el cambio de Gobierno entre agosto y septiembre de 2022, cuando más de 50 generales y coroneles salieron de las Fuerzas Militares y la Policía como preámbulo a la designación de una nueva cúpula bajo la batuta de Gustavo Petro.
En esa época también se produjo el retiro voluntario de otros 23 oficiales de la Policía, que habían presentado sus solicitudes meses antes.
Los círculos de oposición al Gobierno han señalado en varias ocasiones que estos retiros no son coincidenciales y que tienen que ver con “descontentos” y conflictos dentro de la Fuerza Pública.
Aunque ningún oficial lo ha reconocido públicamente, algunos le han manifestado a este diario su descontento con algunas directrices del MinDefensa y del nuevo comandante, el general Henry Sanabria.
“Estamos de manos cruzadas, ya casi no hay operaciones grandes contra cabecillas o bandas; la erradicación de cultivos de coca está prácticamente parada; y ya no se puede pelear ni contra el Clan del Golfo ni las disidencias ni los paracos, disque porque están en cese bilateral, cuando uno sabe que siguen delinquiendo”, manifestó uno de ellos, pidiendo reserva de identidad.
Un momento crítico de estas inconformidades se desató la semana pasada, cuando cientos de campesinos e indígenas se tomaron la sede de una multinacional petrolera en San Vicente del Caguán, Caquetá.
Los manifestantes exigían al Gobierno el cumplimiento de sus promesas, que incluían la pavimentación de vías, y secuestraron a 79 policías y seis empleados. El hecho terminó con uno de los uniformados asesinado, igual que un civil.
En chats grupales de policías circularon múltiples mensajes de rechazo a la lentitud del MinDefensa y la Policía para atender la emergencia, sobre todo cuando se conoció el audio de uno de los uniformados rogándole a un general un apoyo que nunca llegó.
Para rematar, el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien estuvo en las negociaciones con los protestantes, se negó a reconocer que hubo un secuestro y lo catalogó como un “cerco humanitario”.
Frente a la resolución de retiro de los 32 oficiales, EL COLOMBIANO consultó a la Dirección de la Policía.
Desde la entidad señalaron que “las solicitudes de retiro voluntario son normales”, y que los 32 no la pidieron al mismo tiempo, sino que se fueron acumulando hasta la realización del comité evaluador en marzo. “Por eso se ven muchos, pero en realidad han sido graneados”, precisó la Institución.
