28 de mayo, 20 de junio, 23 de julio y 26 de agosto. Estas fueron las fechas en las que el personero de Puerto Rico, Caquetá, Herner Carreño, alertó sobre la presencia de grupos armados residuales – comúnmente llamados disidentes – que estaban reclutando menores de edad de la región.
Las cartas fueron enviadas a diferentes comandantes del Batallón Energético y Vial No. 19 acantonado en la zona y al alcalde Hernán Armando Bravo Molina, alcalde de la población.
Hubo dos misivas más, fechadas el 2 y el 9 de septiembre. En esta última hace un “urgente llamado” para convocar al equipo de atención inmediata del que hacen parte el ICBF, miembros de la Fuerza Pública, comandante de ´Policía de Puerto Rico, el alcalde, el secretario de Gobierno y el comisario de familia para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Carreño ya no está en el pueblo. Salió huyendo hace pocas horas por cuenta de las amenazas por sus denuncias, pero se pregunta qué habría pasado si las autoridades hubiesen actuado a tiempo y antes del bombardeo contra el campamento de alias ‘Gildardo Cucho’, en el que ocho menores fallecieron.
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A partir de ese ataque, ocurrido en agosto pasado, es que se inicia una serie de irregularidades que no han sido esclarecidas a profundidad. Dice Carreño que “una vez ocurrió lo del bombardeo convoqué de manera urgente y extraordinaria al equipo de atención inmediata para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, pero pasaron ocho días y el alcalde no la convoca”.
Sin embargo, ante la gravedad de los hechos denunciados al lugar arribó una comisión de la Defensoría y de la ONU preguntando por la situación, motivo por el cual, el mandatario local fue diligente para organizar la reunión en la que Carreño expuso los casos de las tres menores que fallecieron en el epicentro del teatro de operaciones del Comando Conjunto de Operaciones Especiales.
El personero Carreño sostiene que de esa reunión se pactó que para el 18 de octubre se entregara un informe sobre las acciones que cada entidad ha realizado para prevenir el reclutamiento forzado de menores. “Llegó esa fecha y las únicas personas que hicieron presencia fueron el comandante de Policía, el secretario de Gobierno, la comisaría de Familia, el secretario de Desarrollo Social y yo, pero como no había quórum no se celebró esa reunión”, denuncia el delegado del Ministerio Público.
Aún no hay explicación del porqué, el ICBF, la entidad llamada a velar por la protección de los menores en el país, no acudió a la reunión conforme consta en el acta que se suscribió tras la fallida convocatoria. Solo se apresuraron a hablar con Carreño una vez estalló el escándalo denunciado en la moción contra el ministro de Defensa, Lorenzo Guillermo Botero, que, a la postre, desencadenó su salida del Gobierno días antes de que se votara una moción de censura, que según indicaban los mismos congresistas, no iba a superar.
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Esto contrasta con lo promulgado casi un mes antes cuando la directora de la entidad, Juliana Pungiluppi, en un evento en el teatro Patria, junto con el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, suscribieron un convenio “para fortalecer la protección de la niñez”.
En su discurso, Pungiluppi enfatizó que “si bien trabajamos articuladamente con el Ejército Nacional en la prevención del reclutamiento se hace necesario la participación de todos los sectores para el desarrollo regional y la consolidación territorial”.
Colprensa se comunicó con el ICBF para obtener respuesta sobre su ausencia en la reunión convocada, no obstante, al cierre de esta edición la entidad no se pronunció al respecto.
Así los reclutan
Al igual que en Caquetá, el reclutamiento de menores por parte de grupos ilegales sigue siendo una problemática latente en varias zonas del país. La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) resalta que este fenómeno presentó un aumento al comparar el primer semestre de este año con el de 2018.
El informe de Coalico recalca que entre enero y junio de este año hubo 33 casos de reclutamiento de menores, mientras que en el mismo periodo de 2018 se documentaron 24 eventos, es decir un incremento del 41,6 %.
A la par con estas cifras, desde Coalico resaltan que se identificaron 126 eventos entre enfrentamientos, amenazas, hostigamientos y otras acciones bélicas hacia niños, niñas y adolescentes en los primeros seis meses de este 2019.
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“Donde se registraron mayor número de eventos de conflicto armado que afectaron NNA fueron Antioquia (25 eventos), Norte de Santander (19), Chocó (17), Nariño (10), Cauca (9) y Valle del Cauca (8)”, reseña el documento.
Julia Castellanos, investigadora de Coalico, explica que los métodos más utilizados para convencer a los menores son las amenazas, pagos con dinero o regalos y el enamoramiento. Esta situación, a consideración de la experta, se presentan en aquellas zonas del país con baja presencia del Estado.
“Más allá de la presencia de batallones o de soldados, estas zonas no tienen inversión social, hay problemas de infraestructura educativa y de salud, no existe la atención primaria y hay situaciones de vulneración de derechos. Estas condiciones permiten que los actores armados amenacen a los jóvenes con llevarlos o les regalan tenis o dinero a cambio de información. Con las niñas se utiliza más la táctica de enamoramiento para inducirlas a unirse a estos grupos”, detalló Castellanos.
Una de las grandes preocupaciones existentes sobre reclutamiento, según la investigadora, es que no solo niños colombianos están siendo reclutados, sino también los venezolanos están en un gran riesgo de vivir esta situación.
El personero Carreño recuerda que la Constitución es clara en señalar que para el cuidado y protección de los NNA es responsabilidad de la familia, de la sociedad y del Estado. “Pero cuando la familia falla y también falla la sociedad, el Estado tiene que entrar a intervenir porque tiene unos compromisos internacionales de garantizarles los derechos”, sostiene.
Bajo ese panorama, insiste que debe existir una articulación entre las entidades para atender las rutas de prevención tempranas, las urgentes y de protección para que se apliquen de la manera correcta.
“Eso requiere de la actitud, el interés y la disposición. Yo estoy decepcionado del ICBF que no le prestan atención a los casos que la Personería les puso en conocimiento. Uno como representante de la sociedad y del Estado se siente solo”, concluyó Carreño.
Lo que dice el DIH
A lo largo de esta semana, la frase Derecho Internacional Humanitario (DIH) se ha escuchado ligada a todo lo que se generó tras el bombardeo y la muerte de los ocho menores. Lo relacionado con el DIH ha sido pronunciado por propios y extraños a esta operación militar ejecutada el 29 de agosto en la noche.
Dentro del complejo universo que abarca el DIH se habla del principio de distinción que establece que entre las partes que están en un conflicto debe distinguirse entre quiénes son combatientes y quiénes son civiles, para atacar así objetivos legítimos.
El general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares y actual encargado del Ministerio de Defensa, a lo largo de esta semana ha insistido en que ‘Gildardo Cucho’ era un objetivo lícito y, según sus respuestas en diferentes escenarios, no tenían conocimiento de la presencia de menores en el campamento.
El profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia y magíster en Derecho Internacional de la Universidad Católica de Lovaina, Elquín Infante (así escrito), recuerda que en el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra se advierte que está prohibido el reclutamiento de personas menores de 15 años. “Pero Colombia también hace parte de la Convención de los derechos del niño y allí se dice que el país se compromete a no reclutar a personas menores de 18 años, esto es para el Estado, es decir, para las Fuerzas Militares”.
En contexto: ¿Bombardeo a menores de edad reclutados es legítimo?
Acá es donde cabe la pregunta que muchos se hacen y hace referencia a si los menores que murieron tras el ataque eran combatientes o estaban reclutados.
“Hay que promover medidas preventivas de protección para evitar que los niños sean vinculados a los grupos armados , atendiendo a los casos que se reporten de inmediato desde los territorios”, opina la investigadora Castellanos.
Desde la CICR se precisa que, según el DIH, “debe protegerse a las personas civiles contra ataques directos salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación’. Sin embargo, ni en los Convenios de Ginebra ni en sus Protocolos adicionales se define la conducta que constituye una participación directa en las hostilidades. Por ende, el desafío contemporáneo consiste en proporcionar criterios claros para distinguir no solo entre la población civil y las fuerzas armadas sino también entre los civiles pacíficos y los civiles que participan directamente en las hostilidades”.
