El procurador general, Fernando Carrillo, durante la Mesa por la vida realizada en Putumayo, dejó ver su preocupación por la débil respuesta institucional en materia de la defensa de los derechos humanos.
Según el jefe del ente de control, no hay capacidad de prevención en la comisión de actos que los vulneren, principalmente por la falta de recursos para tal fin.
Además, Carrillo señaló que los grupos ilegales que se disputan el control de los cultivos ilícitos, la infraestructura y los corredores de tráfico son los responsables de que la economía del narcotráfico sea dinámica, por lo que desde la institucionalidad y la sociedad civil se deben cerrar filas para enfrentarlos.
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“Sabíamos que los violentos se encarnizarían contra los liderazgos que quisieran poner fin al negocio del narcotráfico. Hay quienes no quieren detener la máquina de la guerra, sino seguir violentando los derechos de los ciudadanos de este departamento”, dijo Carrillo en la séptima Mesa por la vida que se lleva a cabo en el país.
De igual manera, el procurador llamó la atención sobre la necesidad de tener una sede de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Tumaco, Nariño, y la posibilidad de realizar un Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de Medidas en Putumayo. “La UNP se debe ‘desbogotanizar’, se requiere un contacto directo con la comunidad para la efectividad de los mecanismos de protección”, resaltó el jefe del organismo.
Finalmente, sobre la posibilidad de que se reinicien las aspersiones con glifosato en el país -que fue la principal solicitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cita que tuvo con el presidente Iván Duque-, el procurador manifestó que se debe pasar primero por la erradicación voluntaria; después, la erradicación manual, y finalmente tener la aspersión como “último recurso”, respetando, además, los procedimientos para proteger la salud y el ambiente, según lo ha determinado la Corte Constitucional.
