Con la promulgación del acto legislativo 02 del 25 de agosto de 2021, que establece la creación de las 16 circunscripciones especiales en el Congreso para víctimas del conflicto armado —que le costarán a la Nación al menos $50.000 millones—, surgieron cuatro temas que generan debate y que implicarán precisiones en la reglamentación en la que ya trabaja el Gobierno para implementar esas curules.
Tal y como lo anunció el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, se expedirá un decreto autónomo con las ‘reglas de juego’ para asegurar que las víctimas sean las beneficiarias de las curules y no se presenten interferencias, “así como las campañas pedagógicas para la votación y en torno a la inscripción de los candidatos y detalles referentes al proceso electoral”.
Dicho decreto será expedido antes del 30 de septiembre, para socializar y poner en marcha las medidas que se requieren para elegir a quienes ocupen estas 16 curules en los comicios de Congreso previstos para el 13 de marzo del 2022.
Además, en los organismos electorales –Registraduría y Consejo Nacional Electoral (CNE)– están atentos a conocer estos detalles para poder implementar la logística que se requiere, entre lo que se cuenta la elaboración de tarjetones.
EL COLOMBIANO indagó sobre los principales puntos del acto legislativo que han sido objeto de debate y conoció que sobre tres aspectos (elegibilidad, censos de víctimas y su lugar de residencia) hay una dura discusión.
Puntos que causan debate
El presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, explicó que en la creación de las circunscripciones se busca garantizar que todas sean ocupadas por víctimas acreditadas “y no por organizaciones políticas tradicionales o representantes de los victimarios”.
Uno de los puntos del acto legislativo que generó debate fue el de la imposibilidad de que los desplazados sean candidatos, pues solo podrán postularse quienes hayan nacido o habitado en el territorio de cada circunscripción los tres años anteriores o quienes estén en proceso de retorno y hayan nacido o habitado en él al menos tres años consecutivos en cualquier época.
El general (r) de la Policía, Luis Mendieta, representante de la Federación de Víctimas de las Farc (Fevcol), cuestionó que estas condiciones podrían limitar la participación del universo de 8,9 millones de víctimas que hay en el país (según el Registro Único de Víctimas), ya que solo podrían ser elegidos quienes vivan o estén retornando a los 167 municipios priorizados para las 16 circunscripciones.
“Radiqué una tutela en el Tribunal Administrativo de Antioquia buscando que no se limite la participación, y que los exmilitares y policías que somos víctimas también podamos postularnos”, expuso.
Por su parte, la representante Jennifer Arias, presidenta de la Cámara, aseguró que planteará una de las reflexiones en torno a la posibilidad de que las víctimas elijan a sus candidatos aunque no vivan en los territorios. “Las víctimas desplazadas también deberían poder elegir a sus representantes. Podría ser viable con los registros de víctimas para certificar a los votantes y sus territorios de origen”, dijo.
Por otra parte, se ha debatido por la necesidad de tener mecanismos con los que se garanticen los requerimientos para ser candidato: no haber sido candidatos elegidos o haber ocupado cargos públicos previamente, así como estar certificado dentro de una organización de víctimas.
“Se tendrá que definir además el censo de víctimas para elegir y ser elegidos; definir el concepto de residencia porque se estima que solo el 20 % las víctimas que están en sus regiones de origen. Otro tema problemático será aclarar si las víctimas podrán votar dos veces: por esta circunscripción especial y la ordinaria”, apuntó Gómez.
En todo caso, se prevé que en los próximos 30 días el Gobierno expida el decreto para dejar claros los primeros parámetros para participar y elegir a quienes ocuparán las 16 curules que tendrán las víctimas en los periodos 2022-2026 y 2026-2030
Aspectos definidos en su implementación
· Participarán víctimas que habitan en el Cauca, Valle, Arauca, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Huila, Chocó, Meta, Guaviare, Bolívar, Nariño, Putumayo, Cesar, Magdalena, Córdoba y Tolima.
· El Gobierno podrá suspender los puestos de votación por temas de orden público.
· Habrá sanciones contra quienes sean elegidos e incumpla los requisitos fijados
· Podrán postularse miembros de organizaciones de víctimas, campesinos, mujeres, comunitarios y resguardos indígenas.
· $50.000 millones costará crear las curules por la adaptación del salón Elíptico y las comisiones, la construcción de las 16 nuevas oficinas y la adecuación tecnológica.
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años tienen asegurados estas 16 curules en dos periodos así: 2022-2026, y 2026-2030.
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