Orden de vigilancia destapó vacíos en la Registraduría

Con la solicitud del CNE para auditar los softwares, se destapó una serie de reclamos al registrador Vega por lo sucedido con los votos del 13 de marzo.

El registrador Nacional, Alexánder Vega, desestimó toda posibilidad de fraude en las elecciones del 13 de marzo, pero reconoció errores. FOTO JAIME PÉREZ

La solicitud que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le hizo al registrador Nacional, Alexánder Vega, para que contrate una auditoría internacional que revise el software que se utilizó en las elecciones de Congreso, sacó a la luz pública una serie de requerimientos –que hasta ahora habían pasado de agache– hechos a la Registraduría Nacional sobre ese sistema, que hoy está en manos de un privado.

Así como el presidente del CNE, César Augusto Abreo, solicitó que se realice una “revisión profunda de los sistemas informáticos y procesos operativos” implementados en las elecciones, partidos como el Conservador, el Centro Democrático, y la Misión de Observación Electoral (MOE), también le han pedido a la Registraduría explicaciones sobre el proceso de escrutinio de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo.

¿El software es propio?

Antes de las elecciones legislativas había cuestionamientos sobre la entidad por cuenta de la adjudicación del contrato por 1,2 billones de pesos a la Unión Temporal Distribución Procesos Electorales 2021 (UT Disproel), que está compuesta por 11 firmas asociadas a Thomas Greg & Sons, encargada de la etapa en la que se consolidan los datos de los escrutinios del orden auxiliar, municipal, distrital y departamental.

En la siguiente etapa del escrutinio –que no se ha hecho todavía– se consolida la información electoral del orden nacional y para ello se utiliza el software que la Registraduría le compró a la multinacional española Indra, que solo sirvió de proveedor y no de operador de ese sistema. Así las cosas, el proceso de escrutinio no funciona con softwares netamente públicos, como lo ordenó el Consejo de Estado en 2018.

Ese alto tribunal ordenó en fallo en 2018 (ver primer facsímil) que la Organización Electoral debía adquirir un software de escrutinios propio, pero se optó por contratar a la firma que ha ganado las licitaciones para los comicios del país los últimos 12 años –Thomas Greg & Sons– para que adelantara la parte del escrutinio que es cuestionada y que será auditada”.

Registraduría dice que cumple

Desde la Registraduría se ha defendido que la administración de Vega ha sido la única que se ha tomado el trabajo de cumplir lo ordenado por el Consejo de Estado. El registrador delegado para lo Electoral, Nicolás Farfán, recientemente señaló que la entidad inició el cumplimiento de la sentencia y planteó que el sistema de la UT Disproel permite verificar si hubo o no alteración de los resultados.

No obstante, desde la MOE se ha cuestionado que solo se adquirió la propiedad del software de escrutinio nacional (el que se contrató con Indra) y se planteó que “esto incumple el mandato del Consejo de Estado que ordenó que el software propiedad del Estado debía garantizar era la trazabilidad de los resultados desde la mesa hasta el escrutinio general”.

En ese sentido se ha cuestionado que el acceso a la información electoral del escrutinio que consolida el software de la UT Disproel no es óptimo ya que se trata de datos que quedan en dominio de una firma privada.

Por su parte, el CNE argumentó en su petición de auditoría internacional que hubo situaciones de origen técnico que tuvieron “impacto negativo”, por lo que solicitó una revisión a los sistemas informáticos, incluyendo revisión de código fuente y la seguridad de la información, del software privado que se utilizó. EL COLOMBIANO intentó comunicarse con las oficinas en Bogotá de Thomas Greg & Sons, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Esta serie de cuestionamientos en torno al escrutinio de las elecciones legislativas ha llevado a que desde el Partido Conservador, bajo la batuta del expresidente Andrés Pastrana, se solicitara al Gobierno Nacional nombrar un registrador ad hoc (ver Para Saber Más) para las elecciones presidenciales, en las que también operará el controvertido sistema a cargo de la UT Disproel, que ya está contratado para esos comicios

$1,2

billones es el monto del contrato a cargo de las firmas de Thomas Greg & Sons.