La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene previsto para este miércoles tomar una decisión de fondo que tiene impacto directo en el proceso judicial que se le sigue al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, por posible fraude en actuación penal y soborno a testigos.
En efecto, los nueve magistrados del alto tribunal tienen que resolver una tutela que presentó el defensor de Uribe, el penalista Jaime Granados, quien solicitó que a su cliente se le levante la condición de imputado argumentando que al renunciar al Senado –en agosto de 2020– su caso debería ser abordado por el nuevo sistema penal acusatorio.
Esto se traduce en que, a su juicio, primero se debería surtir una etapa de indagación en la Fiscalía y no acoger lo ya investigado por la Corte Suprema de Justicia, que incluso ordenó su detención preventiva, entre agosto y octubre de 2020. Esta condición cambió, precisamente, cuando renunció al Congreso y su expediente pasó al ente investigador, que ahora se encuentra pidiendo la preclusión del proceso ante un juez.
¿Y qué tiene que decir la Corte Constitucional? El magistrado Alejandro Linares, quien por sorteo terminó como ponente de la tutela del abogado de Uribe, presentó un documento a sus colegas de la Sala Plena rechazando las peticiones de este apoderado.
Su argumento, de acuerdo con fuentes de la Corte Constitucional, es que a Uribe no se le puede quitar la condición de imputado solo por el hecho de haber renunciado a su fuero. Incluso, según el texto que está en análisis, la etapa de indagatoria en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema equivale jurídicamente a la de la imputación, por lo que legalmente el proceso penal en contra del exmandatario ha avanzado correctamente.
De hecho, la tutela radicada por Granados es contra una acción judicial que emitió el Juez Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, que le mantuvo la condición de imputado a Uribe aunque ordenó que afrontara su proceso en libertad.
EL COLOMBIANO estableció que el debate de fondo está en si ese juez se excedió o no en sus funciones, y de acuerdo con la ponencia de Linares eso no pasó y, por lo cual, Uribe debe mantenerse en su condición de imputado.
Y otro argumento que está en la ponencia, que es más de forma, indica que esta misma tutela fue negada por el Tribunal Superior de Bogotá, pero Granados –luego de radicar el recurso de impugnación ante la Corte Suprema– decidió retirarlo. Esto implica que, según el ponente, no se agotaron todas las instancias legales antes de llegar a pedir esta revisión en la Corte Constitucional.
