Las fuerzas políticas que respaldan al presidente Gustavo Petro, concentradas en el Pacto Histórico, pasaron de la postura de oposición –con la que llegaron al poder– a la de gobierno. Y, de paso, a quejarse de un supuesto acoso. Y es que ese cambio de orilla los obligó a enfrentar a las críticas a las que están expuestas cada una de sus acciones y decisiones en el ámbito político, pues ahora están bajo la lupa de toda la ciudadanía y, cuando no les gustan las críticas, se cobijan con la narrativa del “bullying”.
Antes de cumplirse un mes desde su llegada al Congreso, los miembros del Pacto Histórico enfrentaron su primera prueba de fuego al tener que responder a las iniciativas legislativas que buscan reducir el salario de los congresistas. Esa se convirtió en la primera papa caliente de la coalición de gobierno, pues no brindaron un apoyo unánime a la iniciativa y algunas de sus cabezas aseguraron ser víctimas de ataques y no de críticas. Casi que están bebiendo de su propia medicina.
A pesar de que estas fuerzas petristas saben lo que significa ser opositores, porque lo fueron durante los cuatros años del gobierno de Iván Duque, ahora desde el poder los del Pacto Histórico se tuvieron que enfrentar a las críticas. Y se quejaron de que quienes se atreven a cuestionarlos lo que están haciendo es acosarlos.
Del rudo ataque a la defensa
La coalición petrista se puso a la defensiva al conocer la oleada de críticas que desató el hecho de que las senadoras Isabel Zuleta, María José Pizarro y Clara López inicialmente no firmaron el proyecto de ley de su colega ‘Jota Pe’ Hernández, para fijar 25 salarios mínimos de tope para el sueldo de los congresistas, que asciende a 35,3 millones de pesos mensuales.
Después de la tormenta política que se desató, Zuleta y Pizarro respondieron que no se opondrán a la iniciativa y aseguraron estar dispuestas a debatir, pero “sin bullying mediático”. La senadora Pizarro aclaró que no había firmado el proyecto porque quería conocer primero la minucia del mismo.
“Siempre respaldaré el mandato popular. He apoyado y apoyaré con mi firma y voto la reducción del salario de congresistas y altos cargos del Estado, a pesar de ser sometida al chantaje y ataques machistas que no cuestionan a congresistas hombres que realmente no apoyan la medida”, dijo Pizarro.
La senadora aclaró que desde el comienzo le había dicho a Hernández que sí iba a firmar proyecto, pero –agregó– él salió a decir lo contrario en los medios. En esa línea, Pizarro señaló que respeta el control ciudadano, pero rechaza el “matoneo que se hizo con base en las mentiras de Hernández”.
Por su parte, Zuleta se defendió asegurando que para su labor legislativa necesita viáticos para desplazarse al territorio. “Debate sí pero con profundidad y sin bullying mediático”, dijo Zuleta, quien fue consultada por este diario, pero condicionó su respuesta.
Lo particular de este reclamo es que antes de asumir su curul, la senadora Zuleta reconoció que hizo parte de una campaña para “quemar” al excandidato Sergio Fajardo, de quien incluso se burló durante la reciente contienda en el parque de Ituango, Antioquia.
A esto se le suma que el Pacto Histórico protagonizó una polémica campaña sucia que quedó en evidencia en una serie de grabaciones denominadas ‘petrovideos’ (ver Para saber más) en los que se habló de “correr la línea ética”, difundir noticias falsas, y donde apareció el actual presidente del Senado, Roy Barreras, asegurando que se debía sacar del camino a Alejandro Gaviria (hoy ministro de Educación de Petro) y a Fajardo.
¿Se cambiaron los papeles?
La queja pública de Zuleta y Pizarro sobre el supuesto “bullying” al que se ven expuestas por sus acciones políticas desató críticas de otros sectores que cuestionan que el Pacto Histórico no soporta las críticas y el control ciudadano, que lideró siendo oposición los últimos 4 años.
Uno de los legisladores que cuestionó esta situación fue el senador opositor Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, quien aseguró que “los integrantes del Pacto Histórico están siendo víctimas de su propio invento. Promovieron campañas de difamación y hoy están sufriendo las consecuencias de haber creado ese ambiente”.
A la voz de Uribe Turbay se sumó la del exrepresentante a la Cámara Juan Fernando Reyes Kuri, del Partido Liberal. “Cuando ellos (en su derecho) le exigían a congresistas de turno, era democracia. Ahora que es a ellos a quienes se les exige, le dicen ‘bullying mediático’. Algunos no midieron sus palabras ni dimensionaron la responsabilidad que estaban asumiendo. Consecuencias del populismo”, apuntó.
En apenas un mes de ser bancada de gobierno, el Pacto Histórico alega que lo atacan con “bullying”, faltará esperar cómo sortean las críticas y el control social en los cuatro años del gobierno Petro que concluirá en 2026.
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