El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, se reunirá en las próximas semanas con funcionarios de la Audiencia Nacional de España para obtener información sobre Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas de Madrid, España. Esta compañía, además de tener a cargo la gestión del agua en la capital española, cuenta con el 81 por ciento de las acciones de Inassa, entidad con sede en Barranquilla y responsable de la operación del servicio de acueducto en 15 municipios de la costa Caribe.
Canal de Isabel II está en el ojo del huracán por un escándalo de corrupción. El lunes pasado, el juez español Eloy Velasco envió a prisión a Ildefonso de Miguel, el gerente de la empresa, por supuesto desvío de fondos, falsificación de documentos y prevaricato. Ante las consecuencias que podría tener este escándalo internacional, el procurador colombiano espera recopilar la información suficiente para dar apertura a nuevas investigaciones: “Yo pienso solicitar unas entrevistas con los jueces de la audiencia nacional. Estamos pidiendo una audiencia con el juez Velasco, con el juez José de la Mata y esperamos obtener cooperación judicial”.
De las investigaciones se desprenderían resultados que afectarían directamente a los siguientes municipios: Barranquilla, Polonuevo, Tubará, Sabanagrande, Soledad, Sabanalarga, Piojó, Ponedera, Puerto Colombia, Usiacurí, Baranoa, Santo Tomás, Juan de la Costa, Galapa y Riohacha. En este último municipio, la operación del servicio se encuentra a cargo de la empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado –ASAA-, la que también hace parte del Grupo Inassa.
