Paz y derechos humanos

¿Por qué no coinciden las cifras de líderes sociales asesinados?

El Gobierno reportó 66 homicidios de líderes en 2020, cifra que dista de los 182 casos que registró la Defensoría del Pueblo y de los 310 de Indepaz. FOTO COLPRENSA

23 de febrero de 2021

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La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos dio a conocer en su más reciente informe que 66 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron víctimas de homicidios por cuenta de su labor ejercida en diferentes territorios del país.

Según detalló la consejera presidencial Nancy Patricia Gutiérrez, estos 66 homicidios se presentaron en 48 municipios, equivalentes al 4,2 % del total de los 1.122 municipios que tiene el país, y los departamentos con mayores afectaciones fueron el Cauca, Norte de Santander, Chocó y Putumayo, donde se presenta la disputa entre grupos armados ilegales.

“En el año 2020 se tienen verificados 66 homicidios y también están siendo verificados otros 63 que se encuentran en trámite por las circunstancias de la pandemia de la covid-19, lo que ha dificultado el desplazamiento a los territorios”, explicó la funcionaria durante la presentación del informe.

A pesar de lo grave de esta cifra oficial, que refleja que en 2020 se superó el medio centenar de casos de líderes sociales asesinados en Colombia, este dato dista de los casos que se han registrado por parte de la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

En comparación, los 66 asesinatos de líderes reportados por el Gobierno durante el año 2020 están lejos de los 182 casos que registró la Defensoría, y los 310 casos que reportó Indepaz, por lo que la duda se ha centrado en la razón por la cual las cifras difieren.

La explicación de esta falta de similitud en el número de asesinatos de líderes sociales se centraría en la fuente de información de los casos totales, ya que los registros de Indepaz y de la Defensoría son diferentes a los que utiliza como base el Gobierno Nacional.

Precisamente, en el informe anual revelado el pasado lunes 22 de febrero, el Gobierno señaló que los datos de estos homicidios se obtuvieron de registros oficiales de la Fiscalía General de la Nación y la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

No hay coincidencia

Para hablar sobre la diferencia en la identificación de casos, EL COLOMBIANO consultó a Indepaz, oenegé que tiene en sus registros 310 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en 2020, y habló con el coordinador de su observatorio, Leonardo González, quien aseguró que las cifras que las Naciones Unidas le facilitan al Gobierno no abarcan la totalidad de casos en todos los territorios del país.

“Las mismas Naciones Unidas han dicho que esas son cifras parciales debido a que no tienen la capacidad de verificación completa en todos los municipios, por lo que nosotros hemos insistido en que al menos se tenga como cifra la de la Defensoría del Pueblo, que es más amplia y completa”, señaló González.

Precisamente, la cifra oficial entregada por Gutiérrez también dista del más reciente reporte entregado por parte de la Defensoría, que advirtió que el año pasado fueron 182 los homicidios de líderes en 103 municipios del país.

“Durante el año 2020 la entidad registró 979 conductas vulneradoras en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos, que corresponden a 607 amenazas, 182 homicidios, siete secuestros, 51 atentados, cinco retenciones arbitrarias, 13 desplazamientos, dos desapariciones forzadas, entre otros”, resaltó la entidad en su informe oficial.

Dentro de estos registros, además se reportó que los territorios donde se presentaron más casos fueron el Cauca, Nariño y Chocó, en la región del Pacífico, así como el departamento de Antioquia, que está entre las cuatro zonas donde ha aumentado la violencia contra líderes en los últimos años.

En esa línea, el vocero de Indepaz señaló que a los 66 asesinatos de líderes reportados por el Gobierno le hacen falta más casos por incluir, lo que estaría relacionado, según él, con la falta de coordinar la entrega de información de las organizaciones sociales para revisar caso a caso y tener una respuesta e identificación adecuadas por asesinato.

Sobre ese trabajo en campo, el Gobierno detalló el pasado lunes que en su proceso de recolección de información la Acnudh recibe los reportes sobre posibles casos y se encarga de verificar que sí se trata de un atentado contra un líder social, actividad que despliega en campo y le entrega posteriormente el reporte detallado a la Fiscalía.

Además, acerca de estas labores para hacer seguimiento e identificación de los casos, según explicó Gutiérrez, a pesar de la llegada de la pandemia, se ha fortalecido el trabajo con las juntas de acción comunal “en un universo de alrededor de 7,5 millones de personas afiliadas, de las cuales el 60 % está en las zonas rurales”.

La consejera también aseguró que las más recientes cifras conocidas son reflejo del fortalecimiento de las estrategias de protección a esa población amenazada, pues a través de la Unidad Nacional de Protección se cobija a 3.768 líderes y defensores con medidas especiales, lo que constituye el 50 % del total de protegidos.

Cifras se unificarían

De cara al año 2021 este panorama de falta de coincidencia en las cifras de crímenes contra líderes sociales cambiaría, pues el pasado 3 de febrero el presidente Iván Duque anunció la creación de una mesa intersectorial con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para unificar las metodologías de investigación, teniendo como base las cifras que facilita la Fiscalía General de la Nación.

“Este trabajo articulado permite no solamente que la Defensoría, la Procuraduría y el Gobierno se articulen con la información precisa de las pesquisas que adelanta la Fiscalía, sino que nos permite unificar la información entre todas las entidades, y que la lucha común contra este flagelo nos permita ser cada vez más efectivos”, planteó Duque.

Después de este anuncio, algunos sectores políticos plantearon que no puede perderse la independencia de las entidades involucradas y el papel que desempeñan en las investigaciones de los asesinatos de líderes sociales.