Paz y derechos humanos

Responsables hablan ante la justicia sobre lo ocurrido en Urabá

Exguerrilleros, agentes del Estado y terceros responden ante la justicia por 40 años de guerra.

Las víctimas en Urabá aún se sienten vulnerables y por eso utilizaron máscaras en la entrega de un informe a la JEP en 2018. Aún persisten las amenazas en su contra por parte de grupos que se disputan el territorio, mientras claman por justicia. FOTO Colprensa

Olga Patricia Rendón Marulanda

20 de abril de 2021

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La violencia mantuvo a Urabá en el atraso, así fuera una de las zonas más productivas del país, gracias a los cultivos de banano y a la ganadería que se extendieron por toda la región. Allí se cruzaron todos los grupos armados, incluso varios de ellos surgieron en esa zona del país y las víctimas se cuentan por cientos de miles.

Por eso la Jurisdicción Especial para la Paz priorizó desde el 2018 la investigación sobre las dinámicas del conflicto armado en 10 municipios de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en los departamentos de Antioquia y Chocó, para entregar justicia después de más 40 años de dolor y abandono.

En este caso se han analizado 29 informes, de los cuales 21 son de fuentes institucionales como la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría Ejecutiva de la JEP y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Los otros provienen de una organización de mujeres víctimas de violencia sexual, de dos organizaciones de derechos humanos que relatan hechos de desplazamiento forzado y despojo, de tres organizaciones de derechos humanos y uno de una organización indígena.

Concretamente, el caso 04 estudia los hechos victimizantes ocurridos en los siguientes diez municipios: Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba (en Antioquia) y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (en Chocó).

En esos municipios, la Jurisdicción ha identificado hasta el momento, alrededor de 1.000 hechos prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos y el DIH.

La Sala de Reconocimiento hizo un análisis detallado de las víctimas en esos municipios e identificó su nivel de vulnerabilidad. La Sala tuvo en cuenta que, según la Unidad para las Víctimas, de los 747.340 habitantes del Urabá, 504.933 han declarado ser víctimas de la guerra.

De acuerdo con información suministrada por la JEP, hasta la fecha, en el caso 04, han comparecido integrantes de los frentes 5, 34, 57 y 58 del Bloque José María Córdoba de las Farc y sus respectivas unidades móviles, así como miembros de la Brigada XVII del Ejército Nacional.

También se están recibiendo las versiones de varios terceros civiles entre los que se encuentran Benito Antonio Osorio (expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba), Jaime Augusto García (exdirector de la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge), Luis Gonzalo Gallo (empresario), Carmelo de Jesús Esquivia (abogado) y Sor Teresa Gómez Álvarez (cuñada y testaferra de los hermanos Castaño, y gerente de Funpazcor).

Conductas que investiga

En este caso, la JEP ha identificado y agrupado los hechos en nueve conductas genéricas que fueron constantes en el marco del conflicto armado en la región de Urabá. Estas conductas, sin discriminar territorio o comunidad, impactaron gravemente la región y corresponden a: muerte violenta, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, privación grave de la libertad, métodos y medios prohibidos por el DIH, omisiones de la Fuerza Pública, daños ambientales y daños a bienes de la población civil.

Adicionalmente, el caso 04 indaga sobre los bienes adquiridos de manera ilegal, entre otros temas que comprometen el régimen de condicionalidad de los comparecientes.

De acuerdo con Mario Agudelo, excombatiente del Epl que sufrió una dura persecución política tras la conformación del partido Esperanza Paz y Libertad, la JEP tendrá suficiente material para comprender lo que ocurrió en Urabá.

“Nosotros estamos próximos a entregar un informe sobre toda la victimización que hubo contra nuestro partido, tanto por parte de las Farc y de las Auc. Tenemos documentados 384 hechos victimizantes, 159 homicidios, 157 desplazamientos, cinco atentados, siete desapariciones, cuatro destrucciones de proyectos productivos un secuestro, 35 atentados contra líderes políticos, 12 contra líderes sindicales y 19 masacres”, explicó.

Agudelo detalló que el informe cuenta con evidencia judicial de cada uno de esos casos, información topográfica, testimonios y recortes de prensa con los hechos, y solo fueron incorporados casos de personas vinculadas al partido que pudieron ser contactadas, ya que de muchos otros se ha perdido el rastro.

Por eso, Agudelo encuentra un “significado muy profundo” en el avance de la JEP en este caso. “Es gratificante porque saca a la luz pública ese fenómeno que pasó con el proceso de paz del Epl, con los proyectos productivos, el despojo de las tierras, ataques a las sedes sindical, el carrobomba en contra del hotel en el que dormíamos, una serie de eventos muy trágicos, pero que al fin se puede ver una luz, una posibilidad de que se reconozca y que se impartan medidas sancionatorias, buscando que esa justicia restaurativa opere”.

Y además, continúo Agudelo, que se tomen medidas de satisfacción para las víctimas, se repare el daño causado tanto individual como colectivo, entendiendo que ninguna medida lo compensa.

Desde las víctimas

Aún los exintegrantes de Esperanza Paz y Libertad no formalizan su acreditación como víctimas, como ya lo han hecho 35.174 personas. La mayoría de ellas se acreditaron agrupadas, asociadas o como sujetos colectivos, mientras que 72 personas lo hicieron individualmente, entre ellas se encuentran personas LGBTI, mujeres víctimas de violencia sexual, una ex funcionaria pública elegida por voto popular, algunas víctimas de la masacre del barrio La Chinita y campesinos de la vereda Guacamayas.

Así mismo, la Corporación Forjando Futuros entregó a la Sala de Reconocimiento un informe sobre el proceso de restitución de tierras en Urabá y cómo a través de las sentencias judiciales se logra entender la participación de grupos armados, agentes del Estado y terceros en el despojo de tierras, en una región con más de 8.700 solicitudes de restitución.

“El plan criminal consistió en el control y la apropiación del territorio a través del desplazamiento forzado de la población, el despojo de sus tierras, masacres y asesinato de líderes sociales, con el fin de imponer un modelo económico agroindustrial enfocado en la exportación y el comercio internacional, la especulación de la tierra y actividades ligadas al narcotráfico”, se lee en el informe.

Entre quienes se negaron a participar del proceso se cuentan los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. El padre Javier Giraldo, quien históricamente los ha acompañado en su lucha por mantenerse apartados de cualquier expresión del conflicto armado, explicó a EL COLOMBIANO que tras consultar a la JEP consideran que no tiene la facultad para investigar y sancionar a los máximos responsables de los hechos ocurridos en su territorio. “No podemos ir a una justicia que no pueda investigar a presidentes y ministros, porque la institucionalidad es responsable por acción y omisión, por eso acudimos a otras instancias como la Corte Penal Internacional y el Sistema Interamericano”.

Lo que pone sobre la JEP un gran peso: lograr el reconocimiento de todos los que influyeron para que Urabá fuera por casi cuatro décadas el escenario del horror.

35.174

personas se han acreditado como víctimas en el caso 04 que adelanta la JEP.